He de confesar que después de ser muy crítico con el Plan E, que nos ha importunado con aceras levantadas y calles cortadas, me ha sorprendido gratamente el planteamiento que se maneja para su segunda fase. Pasa por incentivar que los Ayuntamientos dediquen los nuevos fondos a proyectos relacionados con las nuevas tecnologías, energías renovables y transporte sostenible.
Los Municipios tienen un gran potencial para convertirse en catalizadores de la integración de sus ciudadanos en la Sociedad de la Información.
El acceso a la Sociedad de la Información y Conocimiento debe ser un derecho de todas y todos, como lo es la educación y la sanidad. No debe ser negocio de unos pocos.Que los Ayuntamientos proporcionen infraestructuras que permitan conectividad en banda ancha, será probablemente la forma más efectiva de combatir la Brecha Digital, que amenaza a los que no tienen acceso a las nuevas tecnologías y quedan marginados de la nueva Sociedad del Conocimiento. Donde son factores que incrementan el riesgo de caer en ella la localización geográfica y la edad.
El acceso a la Sociedad del Conocimiento: un derecho ciudadano
Así que la generalización de redes que brinden acceso gratuito a todos los ciudadanos debe ser bienvenida, fomentada y hasta donde sea necesario, subvencionada. Porque el acceso a la Sociedad de la Información y Conocimiento debe ser un derecho de todas y todos, como lo es la educación y la sanidad. No debe ser negocio de unos pocos.
Evidentemente este planteamiento genera alarma y reticencias entre las empresas que precisamente basan su razón de ser en la operación de infraestructuras de telecomunicación (Ver: expansion.com).
Alusiones a la posible competencia desleal, a la puesta en peligro de sus planes de inversión, etc. Problemática que tendrá que ser resuelta por quien corresponda, pero desde aquí pedimos que en todo caso primen los intereses y derechos de usuarias/os. Porque algo no funciona bien cuando la competencia se convierte en un fin en sí misma, en lugar de ser un medio para favorecerlos. Y en servicios esenciales, pudiera ser que la competencia no fuera el mejor escenario para prestarlos. (Por cierto siempre recuerdo la frase que una vez oí a alguien; decía que la competencia no baja precios y como ejemplo ponía el sector de hostelería. ¡Muchos bares compitiendo entre ellos, pero no baja el precio de la caña!)
Un planteamiento economicista de las infraestructuras llevaría a que éstas solo se desplegarían en zonas rentables.
Un planteamiento economicista de las infraestructuras llevaría a que éstas solo se desplegarían en zonas rentables. Por eso se establecen fondos a nivel de la Comunidad Europea para subvencionar el despliegue de redes en zonas deprimidas, a las que con criterios comerciales nunca se llegaría. Lo cual es un paso en la dirección adecuada, como lo es que el acceso a internet se constituya en Servicio Universal, lo que llevará implícito su disponibilidad generalizada a un coste razonable. Sin embargo no parece suficiente, ni la amplitud de las medidas ni su calendario de implantación.
Que en España el acceso a Internet esté entre los más caros de Europa y su calidad sea en muchos casos mejorable, no constituye el mejor escenario para la extensión de la Sociedad de la Información. Generalizar el acceso a las infraestructuras con capacidad y calidad suficiente a través de los Ayuntamientos, puede ser la vía idónea para convertir la conectividad en un derecho de toda la gente.
Frente a reivindicaciones de particulares, el interés general debe primar
Entendiendo las protestas de quienes creen ver invadido su terreno como prestadores de estos servicios, (Ver: expansion.com), creemos que el interés general debe primar. Porque disponer de conectividad generalizada solo reportará beneficios: creará oportunidades laborales para expertos en TICs en los Ayuntamientos que desplieguen esas redes; permitirá que se establezcan emprendedores, con nuevos proyectos; hará posible el teletrabajo desde ese municipio, evitando que la población tenga que desplazarse, contribuyendo a reducir el trafico y la polución; permitirá la provisión de multitud de servicios de valor añadido a partir de la conectividad de banda ancha, sin olvidar las aplicaciones de ayuda a personas desfavorecidas y discapacitadas que podrán prestarse gracias a estas redes; se incrementará el trafico en las redes de transporte, lo que acabará beneficiando también a los operadores.
Que los Ayuntamientos proporcionen banda ancha, será probablemente la forma más efectiva de combatir la Brecha Digital, que amenaza a los que no tienen acceso a las nuevas tecnologías.Conectividad gratuita con unas características mínimas de capacidad y calidad, que proporcione acceso universal a la Sociedad de la Información y del Conocimiento es algo de tal importancia, que debería formar parte de los derechos de toda/o ciudadana/o y que como objetivo no debía faltar en el programa de un Gobierno socialista, ni en el discurso de todos aquellos agentes Sociales que trabajan por el progreso de la Sociedad. Dejando los planteamientos comerciales para los servicios de valor añadido.
Y en cuanto a la financiación necesaria, aparte de los fondos públicos adecuados, la aplicación de tasas adecuadas a los agentes del sector ´puede ser una forma de que las cuentas cuadren.
Por si este artículo pudiera generar suspicacias entre Operadores y Organizaciones que los representan, dejar claro que conozco perfectamente el sector y su regulación. Pero ahora lo estoy contemplando desde otra perspectiva: la del usuario.
*Directivo prejubilado de Telefónica y colaborador de Fundación Telefónica. Ingeniero de telecomunicación, experto en TIC y RSE.
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