Protección a las mujeres en Europa: Euroorden, garantía necesaria

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Rosa Fernández, presidenta de la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (Celem), presentó la jornada, acompañada de Carlos Carnero, Embajador en Misión Especial de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, quien defendió en su discurso, una concepción de Europa “como un conjunto de valores para garantizar derechos” y no un simple entramado institucional o económico.

Carnero alabó la decisión de la Unión Europea de aceptar, “con un apoyo muy amplio por parte de los Estados y las instituciones”, la propuesta legislativa que realizó el gobierno español durante los seis meses de presidencia europea, pues, según dijo, “la portabilidad de derechos es también una portabilidad de garantías y de seguridad”.

En la mesa redonda "Protección a las mujeres en Europa: Euroorden, garantía necesaria",
se abordaron los aspectos jurídicos de mecanismos
que permitirán proteger
a las víctimas de
violencia de género. 
El Embajador, que definió la euroorden como la “primera propuesta legislativa de calado en el marco de libertades y derechos en la Unión Europea”, afirmó que es posible que el calendario permita “tener resuelto el tema de la euroorden para enero de 2011”.

Medidas de protección equivalentes
En la primera mesa redonda de la jornada "Protección a las mujeres en Europa: Euroorden, garantía necesaria", se abordaron los aspectos jurídicos de este mecanismo que, al implementarse, permitirá actuar dirigentemente a las autoridades con medidas iguales o equivalentes a las que se consideran válidas en el Estado de emisión, para proteger a las víctimas de violencia de género. Intervinieron María Aurora Mejía Errasquín, directora General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia y Luís Francisco de Jorge, director de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial.

María Aurora Mejía Errasquín ha seguido y participado activamente en el proceso de defensa y aprobación de la euroorden, enfrentándose a las limitaciones y retos que imponía la normativa jurídica europea y buscando enfoques que posibilitaran sobrepasar los impedimentos y lograr los apoyos necesarios.

Hasta la presidencia española, las normas existentes tenían en cuenta la movilidad del delincuente, para lograr que no evitara la detección y, en segundo lugar, para garantizar los derechos de los detenidos. La euroorden es la primera norma que tiene en cuenta la movilidad de las víctimas. “Se trataba de un instrumento legislativo que garantice su protección” explicó Mejía.

La abogada dijo que, a pesar de los impedimentos, “la finalidad de esta medida fue lo que ayudó a avanzar y encontrar apoyo”. Así, resaltó que la iniciativa legislativa se presentó con el apoyo de 12 países (se necesita el acuerdo de al menos 7) y que ha contado con el respaldo de 19 (Consejo JAI de abril) y 18 (último Consejo de la UE durante la presidencia española) gobiernos respectivamente.

También aseguró que la euroorden cuenta con el pleno apoyo del Parlamento Europeo, a pesar de que hayan sido presentadas más de 200 enmiendas, “muchas iguales y que no discuten la base política”.

En la segunda mesa redonda, giró en torno a los aspectos políticos de la medida y contó con la participación de Ángela Cerrillos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas “Themis”, Susana Martínez, presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a mujeres y Colette de Troy, de Europan Women’s Lobby.

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