La senadora colombiana Piedad Córdoba fue destituida

Piedad Córdoba quedó inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos. Se la acusa de haber "promocionado y colaborado con la guerrilla". La legisladora opositora ha sido artífice de la liberación de varios políticos y militares en poder de las FARC, por lo cual ha mantenido contactos con esa guerrilla, para facilitar su entrega. Ella apeló la decisión y negó tener nexos con la organización rebelde. Atribuyó los cargos a una persecución en su contra por sus continuas críticas a una salida militar al conflicto colombiano.

La investigación contra la senadora comenzó con unos archivos encontrados en los computadores del comandante de las FARC Raúl Reyes, muerto en marzo de 2008 en un polémico bombardeo de militares colombianos en Ecuador. "En ellos se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora en los que se identificó con los alias de Teodora, Teodora de Bolívar, La Negra y La Negrita, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario", dijo el procurador general, Alejandro Ordóñez.

La investigación contra la senadora comenzó con unos archivos encontrados en los computadores del comandante de las FARC Raúl Reyes, muerto en marzo de 2008 en un polémico bombardeo de militares colombianos en Ecuador.  Piedad Córdoba apeló a la medida porque "la investigación disciplinaria adelantada por el señor Procurador no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético". Y continuó: "Quien temerariamente me acusa y me sanciona se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones contra los derechos de la mujer; la población LGBT; las operaciones ilegales del DAS; la absolución, desestimando pruebas válidas en el caso de la llamada ´Yidis Política´, razón por la cual (en este último caso) se encuentra investigado por la Corte Suprema de Justicia".

Un grupo de activistas humanitarios protestó ante la sede de la Procuraduría de Colombia, oponiéndose al fallo que destituyó a la senadora. Estuvieron presentes varias asociaciones de familiares de personas que se encuentran en manos de las FARC y que consideran que la política del presidente Santos no será efectiva.

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