Rosemarie, la xenofobia y el conflicto de vivienda

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Rosemerie Chura Puña tenía 28 años, era boliviana y vivía en la Argentina. Al instante de su muerte la prensa local cambió su apellido por Cupeña.  Fue una de las víctimas del conflicto que se originó el 7 de diciembre en el sur de la Ciudad de Buenos Aires cuando un numeroso grupo de personas – el Ministerio de Desarrollo Social de Nación censó a 13.000 – reclamaban al gobierno porteño una vivienda digna y ocuparon el Parque Indoamericano, en Villa Soldati, uno de los que afronta más carencias.

Cuando recién se iniciaba la ocupación del terreno, el gobierno porteño consiguió una orden judicial para desalojar a los ocupantes mediante un operativo ejecutado por la policía Federal y la Metropolitana. El método utilizado fue una violenta represión que dejó como saldo tres víctimas fatales.

La mayoría de las personas que ocuparon el terreno viven precariamente, hacinadas en villas aledañas, incluso como inquilinos de pequeñas habitaciones, y muchas de ellas son inmigrantes. La falta de acceso a la vivienda digna aumenta la exclusión social en las mujeres, porque muchas veces no sólo es el resguardo de la cotidianeidad, sino que son sus viviendas los lugares donde desarrollan los trabajos que sustentan su economía.

Xenofobia y respuesta de la embajadora boliviana
La muerte de Rosamarie Chura Puña se sumó a la de Bernardo Salgueiro, de nacionalidad paraguaya, y el de Juan Castañares Quispe, inmigrante boliviano, de 38 años.

La falta de acceso a la vivienda digna aumenta la exclusión social en las mujeres, porque muchas veces no sólo es el resguardo de la cotidianeidad, sino que son sus viviendas los lugares donde desarrollan los trabajos que sustentan su economía.Elizabeth Ovidio, compañera de Castañares Quispe, dijo a la prensa que su marido "estaba en la puerta del parque, estaba saliendo y empezaron a disparar de la policía Metropolitana". La mujer relató que los policías metropolitanos, al momento de ocurrido el incidente, les decían: "bolivianos de mierda, váyanse a su país, qué hacen en este país".

El conflicto se fue acrecentando y las discusiones acerca de quién debía intervenir, si la ciudad de Buenos Aires o el gobierno nacional, sólo ayudaron a encender más los ánimos incontrolables, no sólo de los ocupantes y de las fuerzas de seguridad, sino también de los vecinos que exigían el inmediato desalojo del Parque Indoamericano.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, no hizo más que manifestar su xenofobia en cada declaración: "todo este avance de la inmigración ilegal, donde se oculta el narcotráfico y la delincuencia", (…) "tenemos que pararla, sancionemos leyes que eviten esta situación. En estos momentos, hay que demostrar coraje", "todos los días llegan 100, 200 personas de la mano del narcotráfico y la delincuencia".

Después de estas declaraciones, Leonor Arauco, embajadora de Bolivia en Argentina, solicitó que el Jefe de Gobierno ofreciera disculpas públicas y habló de "inmigración descontrolada y relacionó a los ocupantes con organizaciones mafiosas. Pero si de algo estamos orgullosos como estado boliviano es del millón ochocientos mil compatriotas que aportan a la economía de Argentina y que llegaron gracias a la sanción de la Ley Migratoria".

El problema de la vivienda
Según el informe "Buenos Aires sin techo", cerca de medio millón de personas no posee viviendas, y la presente gestión otorgó un presupuesto escaso que no alcanza para sanear la situación. "Al tercer trimestre de 2010 se ejecutó el 18,6% de los 409,5 millones de pesos (102,90 millones de dólares) asignados al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC)", afirma el estudio.

"Hay desinterés por esta área", denunció la legisladora Rocío Sánchez Andía, titular de la Comisión de Vivienda.

Leonor Arauco, embajadora de Bolivia en Argentina, solicitó que el Jefe de Gobierno ofreciera disculpas públicas y habló de "inmigración descontrolada y relacionó a los ocupantes con organizaciones mafiosas. Pero si de algo estamos orgullosos como estado boliviano es del millón ochocientos mil compatriotas que aportan a la economía de Argentina y que llegaron gracias a la sanción de la Ley Migratoria".
El 9 de diciembre, en la legislatura porteña, Sánchez Andía presentó, junto a sus colegas Diana Maffia y Fernando Sánchez, un proyecto de declaración que repudia "el brutal desalojo y la represión perpetrada el pasado martes por las Policías Federal y Metropolitana contra las personas asentadas en el Parque Indoamericano".

En tanto, el titular del IVC, Omar Abbou, declaró que el problema de vivienda no es nuevo, y remarcó se está trabajando para solucionar esta carencia pero, "su resolución no es, bajo ninguna circunstancia, la usurpación del espacio público o privado".

La Constitución de la Nación Argentina expresa claramente que se debe asegurar los "beneficios de la libertad" no sólo para los argentinos, sino "para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino".

Desde el año 2003 quedó promulgada una ley de Migraciones, según la cual todos los ciudadanos de los países miembros del MERCOSUR (Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela) o de Estados allegados pueden obtener residencia legal en la Argentina sólo mediante la acreditación de su nacionalidad y la carencia de antecedentes penales.

 

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