El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, y la responsable de igualdad del PSOE, Carmen Montón, reafirmaron su repulsa a la violencia de género en la reunión mantenida con las principales asociaciones de mujeres y se comprometieron a convocar encuentros periódicos para consultar su postura sobre los temas que se debatan en el Congreso.
Respecto a la violencia machista, hicieron balance de la Ley Integral pero también abordaron otros compromisos asumidos por el PSOE en esta legislatura, como la aprobación de una nueva ley del aborto y el futuro Plan Nacional contra la Trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Sobre la futura ley del aborto, José Antonio Alonso y Carmen Montón aseguraron que el Gobierno tiene la intención de hacer un proyecto de ley que dé prioridad y refuerce los derechos sexuales y reproductivos para prevenir embarazos no deseados, y tildaron de “terribles” las comparecencias de los llamados grupos provida.
En este sentido, advirtieron que no iban a entrar en el juego que intentan imponer estas asociaciones, que representan la derecha más extrema, y pretenden imponer el debate sobre derecho al aborto o derecho a la vida, porque no tiene ningún sentido ya que el aborto es un derecho, que está legalizado, y de lo que se trata es de mejorar su regulación.
Por otro lado, Alonso y Montón informaron a las asociaciones feministas de que el Gobierno está elaborando el Plan nacional contra la Trata de seres humanos con fines de explotación sexual sobre el borrador presentado en la pasada legislatura y reiteraron su compromiso de aprobarlo en la actual.
Violencia machista
El PSOE reconoció que la Ley Integral contra la Violencia de Género se está aplicando con desiguales resultados y anunció que se van a reforzar algunos aspectos para mejorar su efectividad, además de promover la especialización de profesionales en materia de violencia de género dentro del sistema judicial.
En cuanto al aumento de la violencia entre mujeres inmigrantes, Alonso y Montón aseguraron que había consenso entre distintos grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, para eximir de la expulsión a las inmigrantes sin papeles que sufran maltrato, porque de otro modo no se atreven a denunciar, y por tanto no se las puede proteger. Esta posibilidad fue propuesta por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
Entre las demandas planteadas por las asociaciones, destacó la modificación de la ley del divorcio para proteger los derechos de las madres y para asegurar el pago de pensiones por parte de los padres, y también reclamaron que se constituya el Consejo de la Mujer.
Al encuentro asistieron Marta Ortiz (CELEM), Consuelo Abril (Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres), Altamira Gonzalo (Asociación de Mujeres Juristas Themis), Yolanda Besteiro (Federación de Mujeres Progresistas), Dolores Aguilar (Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas), Marisa Soleto (Fundación Mujeres), Soledad Muruaga (Asociación de Mujeres para la Salud), Fiorentina Alarcón (Asociación Mujeres Violadas), Leda Duelo (Federación de Mujeres Jóvenes), Rocío Nieto (APRAMP), Teresa López (FADEMUR), Cristina Pérez (AmecoPress), Montserrat Boix (Mujeres en Red) y Ángeles Álvarez (Red Feminista).
