«La formación es una actividad económica privada y no un servicio público» ha indicado Juan Carlos Tejeda, Director de Formación CEOE. Defiende así el legítimo beneficio empresarial en el ámbito de la formación, un sector que está «híper regulado».
El foco debe estar en la calidad de la formación y en la mejora de la empleabilidad.
Así lo destacó durante la celebración de la jornada de AMACFOR (Asociación Madrileña de Empresas y Centros de Formación). Esta versó sobre La justificación por módulos en la formación profesional para el empleo y estuvo presidida por Óscar Burgos, Secretario General de AMACFOR. El acto fue clausurado por Ignacio Fernández Zurita, Director Gerente de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) quien destacó el «importante papel de los centros en el sistema de formación para el empleo» señalando la necesidad de «escuchar y atender las necesidades de empresas y sectores».
«Es curioso que no sea el mercado sino los servicios públicos los que regulen el sector de la formación, cuando los clientes finales de la formación son los trabajadores y las empresas que buscan mejorar su competitividad». En este sentido, Tejeda recordó que los más de 2.000 millones de euros que anualmente se recaudan a través de las cuotas de las bases de cotización se deberían destinar a formación.
Fraude de ley
Para Tejeda, las subvenciones son «el peor de los sistemas posibles, el hecho de no tener beneficio no es el problema, es el síntoma del problema» en un sistema que podría calificarse de «fraude de ley».
En este mismo sentido Jaime López Cossio, Consultor de Formación, apuntó que subvencionar a las empresas de formación para que realicen formación es «fraude de ley» al «no poder pagar servicios ni actividades económicas, ni exigir contraprestaciones y menos aún resultados».
Justificación por módulos económicos
«La justificación por módulos solo es aplicable a subvenciones, por lo que no resuelve la cuestión de fondo, la actividad de formación como actividad empresarial. Es un error de base. La formación es un servicio y una actividad económica. Por lo tanto, cuando se subvenciona, ni la formación puede ser una contraprestación exigible a las empresas de formación ni estas pueden considerarse beneficiarios de subvenciones», destacó Cossio.
El Consultor de Formación defendió su postura en contra de los módulos económicos «si sirven de excusa para perpetuar el marco subvencional» destacando, sin embargo, que pueden ser favorables «si se trata de mejorar transitoriamente la gestión de la justificación y liquidación y si sirven para mejorar la contabilidad de costes y la evaluación de la eficacia».
Derecho de los trabajadores, obligación de las empresas
Por su parte, el Secretario General de CEIM, Miguel Ángel Garrido, defendió de igual modo el legítimo beneficio empresarial, destacó la importancia de la formación como un «derecho de los trabajadores y una obligación de las empresas, para conseguir que sean productivas» y apostó por que sea en las empresas donde es necesario poner el foco, «son quienes realmente conocen las necesidades de los trabajadores».
El actual marco normativo y señaló que el establecimiento de módulos económicos específicos requiere realización previa de un estudio de adecuación a los precios de mercado
Lorenzo Alonso, vicepresidente 1º de CECAP (Confederación Española de Empresas de Formación), coincidió en la necesidad de actualizar las necesidades formativas que apuntó «tenemos desde hace años». En su opinión, el foco debe estar en la «la calidad de la formación y en la mejora de la empleabilidad».
Experiencia en otras Comunidades
Durante la jornada José Manuel Vaquero, Socio Director de Arquímedes Auditores comparó el sistema de subvenciones y licitaciones, y puso sobre la mesa ejemplos de otras Comunidades Autónomas donde se está realizando sistemas de justificación por módulos como Aragón y País Vasco.
Asimismo, explicó que este sistema tiene algunas debilidades, como el hecho de que hay riesgo en la aplicación si no hay controles adicionales. Debilidades que también cuenta el sistema de justificación por costes completos, como la excesiva carga administrativa, discrecionalidad en la interpretación y demoras en las liquidaciones.
Por su parte, Esther Hortelano, Jefe de Servicio de Formación de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo (SEPE) expuso el actual marco normativo y señaló que el establecimiento de módulos económicos específicos requiere realización previa de un estudio de adecuación a los precios de mercado.
