La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) se une a las asociaciones feministas, entidades de defensa de los derechos de las mujeres y la infancia y agencias internacionales de Naciones Unidas en su denuncia ante el auge, en los últimos años, de la trata de personas en el mundo, y concretamente en España, el tercer negocio ilegal que más dinero nueve a nivel mundial, después del narcotráfico y el tráfico de armas.
“Este repugnante comercio, que atenta contra la dignidad y los derechos humanos, tiene como principal finalidad obligar a sus víctimas a prostituirse”, explica el documento, y ante esta realidad AHIGE se suma a las denuncias de otras entidades y exige al Estado y a los distintos niveles de la administración “la promulgación de políticas y medidas que combatan esta lacra social hasta su definitiva erradicación”.
“Esta realidad está fomentada por una cultura patriarcal y machista que cosifica los cuerpos de mujeres, menores y en ocasiones de hombres, como objetos de una sexualidad dominadora y deshumanizadora”. Según Juanjo Compairé, miembro de la coordinadora estatal de AHIGE y uno de los autores del texto, “esta realidad está fomentada por una cultura patriarcal y machista que cosifica los cuerpos de mujeres, menores y en ocasiones de hombres, como objetos de una sexualidad dominadora y deshumanizadora”.
El posicionamiento de la entidad, que se recoge en un manifiesto, denuncia “la tolerancia con la que la sociedad española y el Estado afrontan la implantación y extensión del tráfico de personas en nuestro país”; considera este tráfico “como parte de la violencia de género, puesto que tiene su origen en la sexualidad machista y forma parte de la construcción de género masculino que es necesario desmontar”; y exige que “las personas prostituidas por mafias y proxenetas reciban estatus legal de víctimas (…) sean atendidas con medidas de protección y apoyo por parte de las Instituciones Públicas (…) y obtengan la concesión automática de residencia en nuestro país para evitar expulsiones indiscriminadas por su situación de ilegalidad”.
En la parte propositiva, el manifiesto solicita al Estado la puesta en marcha de “una batería de medidas tendentes a combatir esta socialización de género que mantiene la vigencia de las discriminaciones y desigualdades sociales entre hombres y mujeres” y lanza también una serie de propuestas y peticiones dirigidas a los medios de comunicación.
El Manifiesto finaliza recogiendo la “plena solidaridad con las víctimas prostituidas de manera obligada por los proxenetas y las mafias de la trata de personas y nuestra beligerancia hacia este execrable negocio que pisotea la dignidad y los derechos humanos, especialmente de las mujeres y la infancia, cosifica la sexualidad humana como un mera mercancía objeto de compra-venta y crea en los hombres falsas necesidades y dependencias creadas por la cultura patriarcal y machista”.
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