La salud de las mujeres y las trampas institucionales

Es necesario realizar algunas aclaraciones a la luz de las noticias conocidas respecto a la situación que está atravesando una niña de Misiones, que víctima de una violación intrafamiliar, ahora es víctima de un Estado, que a través del sistema de salud y  judicial,  le niegan la primera reparación imprescindible: la interrupción del embarazo producto de tan aberrante hecho. También es cierto que debemos ser cautos a la hora de opinar, porque conocemos la difusión del caso, sin tener detalles del expediente judicial ni los trámites en Salud de la Provincia.

No queda clara la actitud del hospital provincial. La explicación pública es la espera de una resolución judicial para hacer la práctica del aborto. A pesar de que está ampliamente demostrado que esto no es necesario y que así se desprende de la resolución de la Jueza Marta Alegre. Sumado a esto, contamos con fallos que dejaron claramente sentado la no judicialización en casos de este tipo en los Tribunales Superiores de  la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Chubut, una Ley en Santa Fe y un fallo internacional de Comité de Derechos Humanos de la ONU, de este año, que condenó a la Argentina por no cumplir con los abortos en las excepciones contempladas en el artículo 86 del código penal. Haciendo especial hincapié en la indebida intervención judicial en una práctica que debe resolverse en la relación médico-paciente.

No queda clara la actitud del hospital provincial. La explicación pública es la espera de una resolución judicial para hacer la práctica del aborto.
La justicia en este caso dio algunos pasos que caben evaluar en detalle. El juez de instrucción Ricardo Balor se excusó de intervenir, aclarando que no era necesario hacerlo -ajustado a derecho-, pero  que además no lo haría por una cuestión de principios religiosos.

Es una actitud que hasta el momento no conocimos públicamente de otros/as jueces. Supone el reconocimiento de que sus creencias personales no le permitirían impartir justicia con la imparcialidad que requiere su cargo. Es destacable frente a innumerable cantidad de situaciones que por el contrario, priorizan sus creencias encubríendolas de argumentos legales o médicos. Pero no obstante ello, hay que remarcar que en un estado de derecho, laico como el nuestro, los funcionarios públicos no deben anteponer sus creencias personales a las leyes y las políticas públicas. Están obligados a cumplir con la Ley.

La jueza Marta Alegre rechaza in-límine la presentación judicial para pedir la autorización para interrumpir el embarazo de la niña violada. Manifestando que no es necesaria dicha intervención de la justicia. Planteo señalado hasta el cansancio por los fallos judiciales antes citados. A lo que debemos sumar la guía técnica de aborto no punible del Ministerio de Salud de la Nación, que expresa detalladamente cómo actuar frente a estas situaciones. 

¿Qué pasa entonces? Nos encontramos con informaciones contradictorias y con  una respuesta que se hace esperar sin justificación razonable. Es el sistema de salud quién debe dar respuesta. Si la Provincia no lo hace, debe intervenir la Nación. El estado es uno y los compromisos con la salud y los derechos de las personas son asumidos de manera integral y para todo el territorio nacional.

Nos encontramos con informaciones contradictorias y con  una respuesta que se hace esperar sin justificación razonable. Es el sistema de salud quién debe dar respuesta.
Una vez más nos encontramos vulnerando la intimidad de las personas y dilatando el sufrimiento de esta niña que deberían ser reparada integralmente con celeridad. No sólo con la pronta interrupción de esta gestación producto de este hecho aberrante, sino también con la asistencia psicológica, social y legal que esta niña y su familia requieren de manera urgente.

Algunas situaciones se repiten, pero nunca se dan de la misma manera. A veces se reiteran en espiral, lo que supone estar algunas pasos más arriba o más abajo, esperamos que en este caso sea la primera opción.  La respuesta para esta chiquita no puede esperar. De hacerlo estaríamos perpetuando un dolor que  la anclará para siempre en la violación sufrida. ¿Llegará el día en que no estemos debatiendo estas situaciones en los medios? Realmente deseo que así sea.

*Estela Díaz es Coordinadora del Centro de Estudios Mujer y Trabajo, de la Central de Trabajadores Argentinos. Integra la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

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