Según Coface, la firma especializada en gestión integral del riesgo comercial, el riesgo político y social global alcanzó en 2025 un máximo histórico del 41,1 % y se consolidó como una tendencia estructural que condicionará la economía mundial en 2026. La geopolítica ha dejado de ser un factor periférico para convertirse en un elemento central en la toma de decisiones de gobiernos y empresas.
Según el último análisis, tres grandes vectores explican este escenario: un ciclo electoral de alto voltaje, el auge del malestar social y una geopolítica marcada por rivalidades de poder y conflictos persistentes.
Riesgo político y elecciones: un calendario global decisivo
El primer gran riesgo político que marcará la economía mundial en 2026 se manifestará en las urnas. El calendario electoral incluye procesos clave en economías avanzadas y emergentes que pueden redefinir equilibrios internos y regionales.
En Estados Unidos, las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026 renovarán por completo la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado y 36 gobernaciones. Este proceso podría reconfigurar el equilibrio de poder en un contexto ya tensionado por la política arancelaria impulsada desde Washington.
En América Latina, Brasil celebrará elecciones presidenciales en octubre, mientras que Colombia votará en un clima político polarizado y Perú afrontará elecciones generales tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte en octubre pasado.
Europa también vivirá un año de reajuste político. Hungría podría experimentar un cambio tras quince años de continuidad política, Francia utilizará sus municipales como barómetro de las presidenciales de 2027 y Suecia medirá la consolidación del voto protestatario. Este debilitamiento del centro político europeo coincide con el auge de fuerzas populistas.
En África, elecciones en Argelia, Etiopía, Marruecos, República del Congo, Uganda y Benín se desarrollarán en un contexto de fragilidad democrática. En Asia, Bangladesh será foco de atención con elecciones legislativas y referéndum constitucional.
Malestar social: jóvenes, protestas y fragilidad institucional
El segundo riesgo político y social para la economía mundial en 2026 es el aumento del malestar social. El índice de Coface detecta un incremento de la fragilidad política y social en países donde la juventud desempeña un papel central en las protestas.
En Asia, Nepal, Indonesia y Filipinas han registrado movilizaciones contra reformas impopulares y contra élites percibidas como corruptas. En África, movimientos juveniles como GenZ212 en Marruecos, evidencian una frustración estructural ante el deterioro de servicios públicos y oportunidades económicas.
Irán constituye uno de los casos más significativos: el país fue clasificado en 2025 como el segundo más frágil política y socialmente del mundo, con un 86 % de riesgo, solo por detrás de Sudán. Las protestas recurrentes muestran que la inestabilidad no es coyuntural, sino estructural.
En economías avanzadas, el malestar también es visible. Las tensiones derivadas del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur han provocado protestas en Francia; Bulgaria vivió movilizaciones juveniles contra la corrupción; Italia afrontó huelgas nacionales contra su proyecto presupuestario; y en Estados Unidos, la carga arancelaria —que recae en un 80 % sobre entidades estadounidenses— presiona a empresas y consumidores, alimentando el descontento interno.
Este fenómeno no es aislado. Informes recientes del Banco Mundial han advertido que la desaceleración económica global y el aumento del coste de la vida están erosionando la cohesión social en múltiples regiones, incrementando la vulnerabilidad política y económica.
Geopolítica y conflictos: la economía bajo presión estructural
El tercer riesgo que marcará la economía mundial en 2026 es la persistente volatilidad geopolítica. Las rivalidades entre potencias, los conflictos armados y las disputas comerciales elevan la incertidumbre jurídica y estratégica.
La guerra entre Rusia y Ucrania entra en su cuarto año sin perspectivas claras de resolución, pese a los esfuerzos diplomáticos. En Oriente Próximo, la fragilidad persiste incluso tras acuerdos de alto el fuego puntuales. A ello se suma la incertidumbre en torno a la política arancelaria estadounidense, cuya legalidad y alcance deberán ser evaluados por el Tribunal Supremo.
Este entorno redefine los equilibrios comerciales y obliga a las empresas internacionales a revisar sus estrategias. La integración del riesgo país como variable estructural se vuelve imprescindible.
Empresas ante un entorno de riesgo estructural
Para las compañías con actividad internacional, el diagnóstico es claro: el riesgo político y social no es coyuntural. Exige un enfoque estratégico de largo plazo.
Entre las medidas recomendadas destacan el refuerzo del seguimiento político, la diversificación geográfica de operaciones, la flexibilización de cadenas de suministro y la integración del análisis de riesgo país en decisiones de inversión y cobertura.
La economía mundial en 2026 estará condicionada por factores que trascienden el ciclo económico tradicional. El riesgo político y social se consolida como variable crítica para la competitividad y la resiliencia empresarial. La pregunta no es si afectará a las organizaciones, sino cómo se anticiparán a un entorno donde la estabilidad ya no puede darse por supuesta.
