El ejecutivo Europeo publicó una nueva actualización del libro verde que pretende mejorar la gestión de las compañías cotizadas mediante una mayor diversidad e igualdad de género en los consejos de administración y moderando los sueldos de los directivos. El mismo día, el Parlamento comunitario aprobó un texto que propone la redacción de una carta de servicios mínimos para las víctimas de violencia machista, donde se incluiría el derecho a la asistencia jurídica gratuita, en los 27 países de la UE.
Los datos ofrecidos en Bruselas hablan por sí mismos. Sólo la mitad de las compañías europeas cotizadas cuenta con mujeres en su consejo de administración, pese a que los estudios muestran que su presencia mejora los resultados de las empresas. A la vez, la Unión Europea emplea 33.000 millones de euros al año en los problemas derivados de la violencia machista, que afecta a una de cada cuatro mujeres. Aquí dos avances: uno que contempla a la igualdad como una medida inherente al buen gobierno de las empresas y otra que pretende tipificar a la violencia machista como un crimen, una violación a los derechos humanos.
El Libro Verde pretende promover la presencia femenina en los consejos de administración. El Ejecutivo Comunitario tomará medidas si las compañías no lo hacen, y aseguran que hay otras opciones más allá de la imposición de cuotas. Normas vinculantes (más allá de las cuotas)
Con la publicación del Libro Verde, el Ejecutivo Comunitario pretende promover la presencia femenina en los consejos de administración y se ha mostrado dispuesta a tomar medidas si las compañías no lo hacen, asegurando que hay otras opciones más allá de la imposición de cuotas. "Quiero acabar con la mentalidad del club de amigotes", dijo recientemente el Comisario de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier.
Europa baraja la posibilidad de establecer normas legalmente vinculantes en todos estos asuntos, en contraposición a los códigos voluntarios en vigor de la mayoría de los países, basados en el principio anglosajón de "comply or explain" (cumplir con las recomendaciones o justificar por qué no se han cumplido). Según el último informe ha resultado que el 60 % de las explicaciones ofrecidas por las empresas que no cumplieron con los principios son "insuficientes".
El libro verde será sometido a consulta pública hasta el 22 de julio y le servirá a la comisión para valorar si redacta normas vinculantes en 2012 que vayan más allá de los códigos de cumplimiento voluntario. La consulta sigue a una iniciativa similar para endurecer los principios del gobierno corporativo en las entidades bancarias y promover prácticas de remuneración saludables entre sus directivos, basadas en los resultados y en la aprobación de la junta de accionistas.
Según la Comisión Europea, si no se adoptan medidas harán falta 50 años para lograr un equilibrio de género en estos órganos de gobierno. Por eso, consideran que es necesario fomentar la responsabilidad de los accionistas en este tipo de decisiones. "Hemos hablado durante años sobre los derechos de los accionistas. Ha llegado el momento de hablar también de sus obligaciones", aseguró Barnier.
Contra la violencia machista
Además, el Parlamento Europeo ha aprobado una estrategia global para luchar contra la violencia machista que incluye medidas como la obligación por parte de los estados miembros de garantizar la defensa legal gratuita para las mujeres maltratadas.
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento presentó en Pleno un informe, que no tiene carácter vinculante, y que insta al aumento del nivel de protección y asistencia de las mujeres que sufren violencia machista en los 27 países de la Unión.
El texto aprobado por amplia mayoría propone la redacción de una carta europea de servicios mínimos de asistencia para las víctimas de la violencia contra las mujeres. Además, solicita que los países se aseguren de que los agresores "son castigados de acuerdo con la gravedad del delito" y que quede garantizada "la formación de funcionarios especializados" sobre este tema, así como la puesta en marcha de centros de ayuda y acogida para las mujeres maltratadas; servicios que ya existen en España.
Para poder condenarlo, el texto pide que se defina la violencia contra las mujeres como "una de las formas más graves de violación de los derechos humanos" por motivos de género, y destaca la necesidad de sacar a la luz "el fenómeno oculto" de la violencia doméstica contra otras víctimas como niños, hombres y personas de edad avanzada.
Formación
La formación se destaca como un elemento básico de protección y localización, por lo que se plantea el desarrollo de métodos más eficaces de detección de este tipo de violencia, y en particular, la elaboración de protocolos de investigación específicos para la policía y los profesionales del sector sanitario capaces de obtener pruebas de los abusos.
En el mismo sentido, se propone la oferta de formación específica sobre violencia de género para jueces, funcionarios de la policía criminal, profesionales de la salud y la educación y personal de apoyo a las víctimas.
Observatorio
También queda incluido en el informe la solicitud a la Comisión de poner en marcha un observatorio de la violencia contra las mujeres a nivel europeo, una medida destinada a evaluar el alcance de este problema en toda la Unión Europea y que ya han respaldado los países miembros.
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