Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz de los conservadores, ha anunciado que rechazaron la Ley de Igualdad de Trato, considerándola como una manifestación más "de la debilidad del Gobierno a la hora de sacar iniciativas, sin un debate público y parlamentario".
Por su parte, Leire Pajín, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, aseguró que la medida responde a la necesidad de que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos y para garantizar que nadie pueda ser discriminado. Se trata, según dijo, "de crear una sociedad que no humille a nadie y también una sociedad que no permita que nadie sea humillado. Una sociedad donde sentirse seguro y donde sentirse amparado por la ley".
Pajín ha destacado que el Gobierno quiere identificar mejor las formas de discriminación, dar mejor cobertura legal a quien la sufre y sensibilizar aún más a la ciudadanía.
Se trata de construir una sociedad más igualitaria y respetuosa, una sociedad que no humille a nadie y que no permita que nadie sea humillado. Ley de Igualdad de Trato
"Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra circunstancia personal o social", así dice el artículo 14 de la Constitución Española. Y con la Ley de Igualdad de Trato se pretende dar visibilidad a los problemas de discriminación que existen el país y consecuentemente dar una respuesta legal adecuada.
"Se trata de construir una sociedad más igualitaria y respetuosa, una sociedad que no humille a nadie y que no permita que nadie sea humillado. No sólo porque es lo más justo, sino porque además, esa sociedad es mucho más competitiva y por ende productiva", así ha declarado Pajín, a través de su blog.
El anteproyecto pretende ser una ley de desarrollo de las directivas comunitarias a la vez que refuerza el artículo 14 de la Constitución. Así, el texto incorpora todas las definiciones de discriminación existentes en la Unión Europea, es decir, discriminación por asociación, discriminación por error, discriminación múltiple, acoso discriminatorio, inducción a discriminar y represalias.
Por otro lado, la nueva norma contempla la creación de la Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que prestará asistencia a los afectados y promoverá fórmulas de mediación o conciliación entre las partes. Además, prohíbe la financiación pública para centros educativos que discriminan a alumnos y establece sanciones de entre 300 y medio millón de euros.
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