Para la USO se trata de un pequeño paso, electoralista o no, en la dirección correcta, ya que en nuestro país se padece un abandono histórico de medidas de protección de la maternidad y de la familia, además de estar en la indigencia en materia de conciliación de vida familiar y laboral con respecto a la mayoría de países de la UE, no sólo en lo referente a permisos retribuidos, maternidad o paternidad, si no a jornadas laborales, distribución de horarios, ayudas directas e indirectas, medidas de corresponsabilidad, atención a familiares dependientes, etc. Se trata pues, de un paso claramente insuficiente.
Pese a haber dado un paso en materia de conciliación en el sector público, seguimos muy distantes de otros países europeos. Esta medida debería hacerse extensible al sector privado.
Además, “la USO echa en falta que en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 se contemple la ampliación del permiso de paternidad, congelado en trece días a pesar de que la Ley de Igualdad de 2007 recoge que se amplíe secuencialmente hasta las cuatro semanas” apunta Joaquín Pérez Da Silva, Secretario Confederal de Comunicación y Formación de la Unión Sindical Obrera.
Desde el ámbito estatal y autonómico se debe apostar por políticas a favor de la familia, la igualdad y la natalidad, máxime cuando anualmente se alerta del riesgo de estabilidad del sistema por el descenso de nacimientos, los movimientos migratorios y el incremento de los últimos años de la esperanza de vida. Para el año 2050 se espera que en España más de un tercio de la población tenga 65 años o más. A esto le tenemos que unir factores como una baja natalidad para el total de la población y una reducción del porcentaje de población en edad legal de trabajar, que pasaría del 65,3% estimado para España en 2020 al 51,6% en 2050.
La USO alerta que no apostar por políticas en esta dirección, además de comprometer el actual sistema de protección social y de servicios públicos, traería irremediablemente nefastas reformas en el sistema público de pensiones, alargamiento de la vida laboral y cotizaciones desproporcionadas para trabajadores en activo y empresas.
“En algunos países de nuestro entorno sí parecen haber entendido la importancia de estas políticas para el futuro de la sociedad y de la economía, pero en España sigue costándonos apostar en serio en esta dirección, quedándonos siempre en medidas cortoplacistas y raquíticas” advierte Joaquín Pérez.
La USO, en sus criterios de Negociación Colectiva, en todos los ámbitos en los que está presente, tiene como prioridad negociar medidas y mejoras en materias de conciliación e igualdad, “así como velar para que se cumplan y no se den situaciones de presión cuando los trabajadores y trabajadoras ejerzan su derecho a disfrutar de permisos retribuidos o sean penalizados en las empresas por el hecho de ser o querer ser padres y madres” concluye Pérez.
Unión Sindical Obrera (USO) es el tercer sindicato en representación a nivel estatal. Cuenta con más de 11.000 representantes sindicales en toda España, tiene más de 400 sedes y participa en la negociación de más de 500 convenios colectivos.
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