Carmen Argibay, la ministra a cargo de la Oficina de la Mujer (OM), Lilia Olga Funes Montes, presidenta de la Asociación Civil "Justicia Democrática", y su secretario general, Eduardo Cicinini, acaban de firmar un convenio de colaboración entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dicha ONG, para "profundizar la política de sensibilización en género en el ámbito del Poder Judicial y en organismos nacionales".
Asociación Civil Justicia Democrática
La Asociación Civil "Justicia Democrática" es una entidad científica y cultural, sin fines de lucro, cuyo objetivo es contribuir a la profundización del proceso democrático en las instituciones nacionales y, en especial, en el Poder Judicial. Para ello, propone la revisión autocrítica de la gestión jurisdiccional, en relación con la efectiva concreción de garantías y derechos constitucionales. Además, promueve debates e incentiva la reflexión sobre los problemas de la justicia en nuestro país, a través de la edición de publicaciones y la organización de seminarios, jornadas y otras actividades académicas, propiciando, así, la convivencia y el pluralismo de ideas. Incluye como asociados a magistrados y funcionarios de la Justicia y de los Ministerios públicos, de la Nación y de las Provincias.
El desafío de lograr la equidad de género, tanto en el ámbito de los usuarios del sistema de justicia como respecto de aquellos que desempeñan funciones en los tribunales.
Oficina de la Mujer
La Oficina de la Mujer, a cargo de Argibay, fue creada por la Corte por medio de la Acordada 13/2009 y "desde entonces se plantea el desafío de lograr la equidad de género, tanto en el ámbito de los usuarios del sistema de justicia como respecto de aquellos que desempeñan funciones" en los tribunales.
El trabajo de la Oficina de la Mujer "se enmarca en la política de estado tendiente a prevenir y terminar con cualquier tipo de violencia de género".
El inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional incorporó la Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Además, se suma lo dispuesto por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer que obliga al Estado Nacional a "implementar leyes y políticas públicas en ese sentido" y la ley 26.485 "para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales".
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