Un informe del Consejo de Estado ha determinado que hay que vetar los anuncios de contactos en prensa a través de una ley específica por el trato vejatorio y degradante que supone para las mujeres el comercio de su cuerpo. Sin embargo, la prostitución en España es una actividad a actividad “alegal”, no está regulada ni prohibida. Además, a través de los anuncios se han logrado destramar redes de trata de seres humanos. Otra razón por la que siguen inundando los periódicos: generan a la prensa 40 millones de euros al año.
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha anunciado que establecerá un calendario para vetar esta publicidad aunque aspira a que sea "con el máximo consenso posible tanto de los grupos parlamentarios como de los propios medios de comunicación".
Tras estos anuncios se esconden, en muchos casos, redes de trata. Los editores reivindican su derecho a publicar publicidad de una actividad que no es ilegal. Las últimas actuaciones por la policía en el conflicto de la trata, revelan que las mafias extorsionan a las víctimas y anuncian sus servicios sexuales en la prensa. Asimismo, en los últimos dos años los anuncios de prostitución en los medios de comunicación se han multiplicado por cuatro. Y los beneficios que esta publicidad proporciona a las empresas mediáticas aumentan cada año.
Coherencia en los medios, por favor
Ángela Cerrillos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, explica que “la prostitución está controlada por las mafias dedicadas a la trata. Los anuncios están encubriendo esto, y los medios de comunicación no deberían denigrar la trata por un lado y por otra parte encubrirla”.
La mayoría de las asociaciones de mujeres hacen un llamamiento a todos los medios de comunicación social para que en cumplimiento de los códigos éticos que regulan su actividad y de la legislación nacional e internacional actualmente vigente en materia de imagen de la mujer y en materia de prostitución y trata, mantengan una posición de coherencia editorial y renuncien en consecuencia con ello a los beneficios económicos que les reporta la oferta de mujeres prostituidas en sus secciones de anuncios de contactos.
Por su parte, el colectivo de editores de diarios rechazan de plano el informe del Consejo de Estado y se muestran "indignados" porque este organismo no ha atendido sus propuestas.
Recuerdan que establecieron un código de autorregulación para eliminar de sus páginas las fotografías y textos explícitos en los anuncios de contactos que pudieran herir la sensibilidad de los lectores.
Este segmento opina que la publicación de estos anuncios es legal y forma parte de la libertad de prensa que ampara la Constitución. "Si los poderes públicos consideran que la prostitución es una actividad delictiva o perjudicial para la salud, cabría exigirles que prohíban el ejercicio de la misma". “Si no está prohibida ¿por qué ha de vetarse su publicidad?”,argumenta la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE).
Diversidad de opiniones
Según Ángela Cerrillos. "Quizá sería razonable empezar por prohibir la prostitución", reflexiona, "pero no creo que sea fácil. Con la prostitución siempre se usa una doble moral. Personalmente soy abolicionista”.
A pesar del debate, sólo el diario Público y La Razón decidieron no incluir estos anuncios en sus páginas.
Las personas responsables de la edición de los medios reclaman su derecho a decidir qué contenidos publicitarios "sobre actividades lícitas" incluyen en sus páginas, y aseguran que cualquier tipo de censura previa vulneraría tanto la libertad de expresión de los anunciantes como la libertad publicitaria de empresas y personas.
El informe del Consejo de Estado y el propio Gobierno aboga por una "regulación específica" al respecto.
Autocontrol es la asociación integrada por anunciantes, agencias y medios de comunicación para su autorregulación que vela por una publicidad leal y verídica. Sin embargo, este organismo no tiene bajo sus competencias los contenidos de los anuncios de contacto.
En esa misma línea encontramos también al Observatorio de Medios del Instituto de la Mujer, con una efectividad de un 70 por ciento y un número de denuncias que se incrementa cada año.
La ley de Igualdad considera ilícita la publicidad que comporte una conducta discriminatoria y la Ley General de la Comunicación Audiovisual prohíbe emitir en televisión anuncios que puedan perjudicar seriamente el desarrollo de los menores entre las seis de la mañana y las diez de la noche.
Por último, la ley de Servicios de la Sociedad de la Información restringe la difusión de contenidos que puedan ser nocivos para la infancia y la juventud. También los medios de comunicación tienen sus propios códigos deontológicos sobre la publicidad.
Redes de trata
A pesar del debate, sólo el diario Público y La Razón decidieron no incluirlos en sus páginas. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape) comunicó también su rechazo a los anuncios de prostitución y su apoyo al informe del Consejo de Estado.
En la llamada Declaración de Madrid, la Federación y los editores firmaron un manifiesto con el compromiso de promover "altos estándares éticos en la autorregulación de la publicidad, conciliando la libertad de expresión de los anunciantes y la libertad de publicidad de las empresas". Esos editores son los mismos que ahora se han manifestado en contra de quitar estos anuncios.
"Los anuncios sexuales han sido utilizados por las mafias dedicadas a la trata de mujeres, según han demostrado varias operaciones policiales, por lo que no se entiende que los medios no hayan comprendido la urgente necesidad de suprimirlos", advierte la Fape.
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