La ministra Leire Pajín presidió la primera reunión formal con representantes de colectivos que luchan contra la discriminación y diversos agentes sociales para implicarlos en la elaboración de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, que de aprobarse ubicará a España en la vanguardia de este desafío. La intención del Gobierno es que sea una ley de consenso y abierta a la participación.
Pajín se reunió con 13 representantes de diversas entidades que trabajan en el campo de la lucha contra la discriminación por razón de sexo, discapacidad, enfermedad, orientación sexual u origen étnico, y presentó las líneas generales del anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, que aspira a convertirse en una ley que coloque a España entre los países más avanzados de Europa en la lucha contra la discriminación.
Las organizaciones presentes vieron con buenos ojos la iniciativa del Gobierno, e hicieron sus aportes. Leire Pajín se comprometió a resolver estos puntos en las reuniones sectoriales durante las próximas semanas.Además, mostró la disposición del Gobierno a incorporar las aportaciones que hagan los colectivos consultados antes de su aprobación definitiva por el Gobierno y remisión a las Cortes. Para recibir aportaciones y sugerencias de cualquier persona, entidad u organización interesada, el texto del anteproyecto se puede encontrar en la web: www.mspsi.es.
Las entidades participantes valoraron positivamente la iniciativa del Gobierno con la aprobación de esta ley. Además, aportaron sus puntos de vista y dudas sobre aspectos concretos del anteproyecto y la ministra se comprometió a resolverlos en las reuniones sectoriales que se llevarán a cabo en las próximas semanas, con las que se pretende enriquecer el texto antes de que sea definitivamente aprobado por el Gobierno y remitido a las Cortes Generales.
Plazos
La ministra informó a las asociaciones convocadas de que tratará de dar la máxima celeridad al trámite preceptivo de que el anteproyecto aprobado el 7 de enero sea informado por los órganos que prevé la ley -CGPJ, Consejo Fiscal, Consejo Económico y Social, Consejo de Estado- y por las Comunidades Autónomas para que pueda volver al Consejo de Ministros y ser aprobado antes de abril.
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