Cuando los gobiernos han sucumbido a la lógica del mercado que defiende la acumulación de riqueza y el crecimiento económico per se, es el momento -más que nunca- para que la igualdad de género comience a formar parte de la agenda económica. Aquí reproducimos el primero de una serie de puntos donde Carmen Castro García intenta responder si la Igualdad está en el corazón de las medidas económicas que viene tomando Europa.
Sin embargo, en algunos países el contexto actual de crisis económica de estos últimos años ha servido de excusa para diluir e incluso abandonar el compromiso politico con la igualdad. De hecho, el mensaje de quienes se han encargado de diseñar las políticas de ajuste económico ha ido ganando en contundencia: ya no es tiempo de ‘concesiones’ y ‘buen rollismo’; en estos tiempos difíciles hay que volver a las ‘cosas realmente importantes’ y a la perspectiva economicista, a la contención el déficit y a restablecer el estatus quo.
"Si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de cotizantes a la seguridad social".El resultado ha sido que la orientación de gran parte de los planes de ajuste ha profundizado la división sexual del trabajo, dando lugar a "una falta de transparencia y coherencia en todo lo que se relaciona con el avance en igualdad" (UNIFEM, 2010). Con todo ello, se mantiene el mismo sistema de desigualdad que ya tenemos y que sabemos que es ineficiente, genera inequedades y esquilma los recursos existentes, en vez de provocar de manera efectiva el cambio de modelo de sociedad.
La igualdad como motor del desarrollo económico
La OCDE vaticina que en la fase de recuperación de las economías occidentales la tasa de crecimiento del PIB será lenta y discreta; este fenómeno viene motivado, en parte, por la intensa contracción de la inversión y el aumento de las tasas de desempleo provocado por el fin de las políticas contracíclicas y por otra parte por la reducción de la productividad total de los factores. Este esquema de funcionamiento viene aportado por el enfoque actual de las políticas de ajuste, basadas en la reducción del gasto público en plena época de recesión económica, en vez de en políticas keynesianas de estimulación de la actividad económica a través precisamente del gasto público. Aún cuando fuese necesario una reorientación del mismo hacia una mayor eficiencia. Y es más que previsible que ocasione una menor inversión en actividades de investigación y desarrollo, algo que ya se ha iniciado en el sector público en 2009 y 2010, y que sigue la misma tendencia en el sector privado; este retroceso respecto a los años previos a la crisis podría frenar la estrategia de cambio del modelo productivo.
Sin embargo, existen evidencias empíricas suficientes que avalan el hecho de que la Igualdad de Género contribuiría al reordenamiento del equilibrio económico, desde la equidad en la distribución de los recursos a la sostenibilidad del desarrollo humano, y económico.
En Octubre de 2009, bajo la Presidencia Sueca de la UE, se celebró en Estocolmo una conferencia sobre las implicaciones de la igualdad de género para el crecimiento económico y el empleo . Uno de los resultados más impactantes aportados en esta conferencia fue el arrojado por la estimación económica de cómo variaría el PIB si la igualdad entre hombres y mujeres estuviese plenamente integrada en el funcionamiento del mercado de trabajo. Åsa Löfström constataba que el promedio de crecimiento para el conjunto de la UE sería próximo a un 30%; y para España el crecimiento podría alcanzar hasta el 32%. En el caso de España, hay incluso otros estudios que cuantifican que el PIB podría crecer hasta un 44%, en un escenario caracterizado por la equiparación de tasas de empleo y por la eliminación de la brecha salarial (Reyes Maroto et al. 2011)
Pues bien, en este panorama cabría esperar al menos que los datos ofrecidos desde estas investigaciones fueran suficientes para atraer la atención de dirigentes políticos y responsables del diseño de la política económica, ya que aportan una guía clara de hacia dónde orientar las políticas para conseguir una evolución favorable del PIB. Para ello, habría que incidir en lo que hasta el momento se consideran los factores más influyentes: la necesaria equiparación de la tasa de empleo femenina a niveles similares a la masculina, la eliminación de la segregación laboral y la desaparición de la brecha salarial. Respecto al primero, si bien la Estrategia de Lisboa (2000) estableció como objetivo a alcanzar en 2010 una tasa de empleo femenino del 60%, con el estallido de la crisis y la reorientación posterior de las prioridades políticas parece haberse abandonado este compromiso todavía por alcanzar en 12 países de la UE; ello viene agravado por la brecha de género existente entre las tasas de empleo masculino y femenino, de un 12,1%, en 2009.
Otra de las preocupaciones que se ha trasladado en estos últimos años es la de la sostenibilidad demográfica y su repercusión en la sostenibilidad económica de los estados de bienestar que se han ido desarrollando en la UE.
En España, la alarma sobre la proyección del envejecimiento demográfico la hizo saltar el INE al estimar que dentro de 40 años la población mayor de 64 años será el doble que la de ahora y representará el 30% de la población total (INE, 2010); lo que, teniendo en cuenta la creciente esperanza de vida al nacimiento y los bajos índices de fecundidad arrojan un índice de dependencia (proporción entre población jubilada y población activa) creciente alcanzaría el 89,6% en 2050. Estas estimaciones han servido de excusa para acelerar algunos ajustes y reformas, sobre todo en el sistema público de pensiones, como el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y el alargamiento del periodo de cotización necesario a 37 años y medio. Sin embargo, algunas voces desde la economía crítica han insistido en que para hacer viable y sostenible económicamente el sistema público de pensiones, el elemento clave de referencia no ha de ser el número de jóvenes y personas adultas por personas ancianas, sino el número de personas cotizantes y la cantidad de cada cotización por beneficiario/a. Es decir, el foco de atención ha de estar puesto más en incorporar al empleo a las mujeres y a la juventud, ampliamente cualificada, en vez de obligar a mantener más años de actividad laboral a quienes ya llevan prácticamente toda la vida en el mercado de trabajo. En este sentido, Viçenc Navarro recuerda que "si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de cotizantes a la seguridad social".
El creciente envejecimiento de la población despierta la preocupación política por la reactivación de las tasas de fecundidad, aunque las medidas adoptadas para ello erran sistemáticamente en su cometido, porque no tienen en cuenta las evidencias existentes que confirman que cuando se invierte en igualdad, a través de una mayor concienciación social (Mörtvik y Spant), de una mayor corresponsabilidad y a través de servicios públicos suficientes para satisfacer las necesidades del cuidado de las personas, las tasas de fecundidad mejoran. La percepción social todavía existente en muchos países de que la responsabilidad del cuidado ante un nacimiento corresponde a las mujeres explica la mayor penalización de la maternidad sobre el empleo femenino que se reduce como promedio en un 12% mientras que la paternidad provoca un aumento promedio del 7 % sobre el empleo de los hombres. La configuración desigual del derecho a que mujeres y hombres participen en el cuidado infantil refleja la persistencia del modelo de familia tradicional y la concepción generificada de la sociedad, ambos factores claves de la desigualdad de género que frena la evolución de las tasas de fecundidad.
Si los gobiernos de la UE hubieran destinado algo de tiempo a leer y a aprender de algunas de estas evidencias y proyecciones económicas, otras posibilidades se podrían haber abierto en los planes de ajuste.
La configuración desigual del derecho a que mujeres y hombres participen en el cuidado infantil refleja la persistencia del modelo de familia tradicional y la concepción generificada de la sociedad, ambos factores claves de la desigualdad de género que frena la evolución de las tasas de fecundidad.Cabe señalar, además, que todas estas estimaciones y previsiones sobre una evolución favorable del crecimiento económico no son suficientes. Crecimiento económico no es sinónimo necesariamente de cohesión social, y por ello es imprescindible complementar el análisis centrado en la evolución del PIB (cuánto se crece) con la información cualitativa que aportan los componentes del crecimiento, es decir, cómo se crece, hacia dónde y a costa de qué.
Los Indicadores que elabora Naciones Unidas anualmente sobre Desarrollo Humano, y más específicamente sobre el Desarrollo Humano relativo al género, son un necesario complemento a las estimaciones basadas exclusivamente en el crecimiento de la economía monetarizada. De hecho, existe una correlación positiva entre el crecimiento del PIB y el Índice de Desarrollo relativo al Género de Naciones Unidas, lo que, por una parte, confirma el acierto de pensar en la igualdad de género como la inversión estratégica para el desarrollo y el cambio de modelo productivo; y por otra parte, aporta un criterio relevante a la hora de seleccionar qué países utilizar como modelo o referencia, teniendo en cuenta los resultados que han conseguido con la orientación de sus políticas públicas. En este sentido, resultaría una mejor opción utilizar como ejemplo la experiencia y resultado de países como Suecia (de los mejores en materia de igualdad y con menores brechas de género, de los mejor posicionados en el ranking de competividad mundial, y en desarrollo sostenible, en vez de otros países como Alemania que muestran una mayor fragmentación del mercado laboral y mayores brechas de género. (Castro García, C. 2009).
Desde esta mayor amplitud de perspectiva, la lucha contra la pobreza se ha de incluir necesariamente en la misma estrategia de desarrollo. El Informe Brundtland (ONU, 1987) define por primera vez el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones; esto implica un cambio muy importante en cuanto a la idea de sostenibilidad o sustentabilidad que pone énfasis también en el contexto económico y social del desarrollo. En este sentido, la reducción de la pobreza hoy se considera imprescindible para construir un futuro viable en solidaridad con las futuras generaciones. Y además, debería tener en cuenta que la discriminación de género es una importante causa de la pobreza que afecta mayormente a las mujeres.
Por Carmen Castro García
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