Desde el 28 de junio de 2025, la accesibilidad digital ha dejado de ser una recomendación para convertirse en una obligación legal en todos los países miembros de la Unión Europea. Esta medida histórica busca garantizar que las personas con discapacidad —alrededor de 100 millones en la UE— puedan acceder en igualdad de condiciones a bienes y servicios digitales esenciales, desde una web hasta un cajero automático o una aplicación de banca online.
Esta transformación viene impulsada por la entrada en vigor del European Accessibility Act (EAA), una directiva aprobada en 2019 y cuya transposición nacional en España se ha materializado a través de la Ley 11/2023, que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad.
¿Qué productos y servicios deben cumplir?
El alcance de la nueva normativa es amplio. Están obligados a cumplir con criterios de accesibilidad:
- Sitios web y aplicaciones móviles.
- Comercio electrónico.
- Servicios financieros (banca online, cajeros automáticos, TPV).
- Servicios de transporte (máquinas expendedoras de billetes, apps de movilidad).
- Libros electrónicos y sus dispositivos de lectura.
- Servicios de comunicación electrónica (como videollamadas o mensajería).
- Plataformas audiovisuales y sistemas de atención telefónica automatizada.
En todos estos casos, las interfaces deben ser comprensibles, perceptibles, operables y robustas, tal como recogen las pautas internacionales WCAG 2.1 (nivel AA como mínimo) y la norma técnica europea UNE-EN 301549.
Esto significa que tanto el contenido como la interacción deben poder adaptarse, por ejemplo, a lectores de pantalla, navegación por teclado, subtítulos o contrastes visuales accesibles.
¿A quién afecta la ley?
La ley afecta tanto al sector público como privado. Todas las nuevas webs y productos lanzados a partir del 28 de junio de 2025 deben ser accesibles desde su salida al mercado. Para los productos y servicios existentes antes de esa fecha, se concede un periodo de adaptación que se extiende hasta el 28 de junio de 2030.
Sin embargo, hay excepciones. Las microempresas con menos de 10 empleados y menos de 2 millones de euros de facturación anual quedan, en principio, exentas, salvo que presten servicios públicos o de gran impacto social. Además, existe la posibilidad de alegar una “carga desproporcionada”, siempre que se documente de forma clara y justificada.
Consecuencias del incumplimiento
La ley no solo establece requisitos, sino también un régimen sancionador. Las multas por incumplimiento en España pueden alcanzar los 90.000 euros, y en los casos más graves —como la exclusión o discriminación sistemática de personas con discapacidad— pueden escalar hasta el millón de euros.
Además, las entidades incumplidoras pueden verse excluidas de licitaciones públicas, afectando a su competitividad y reputación.
Un desafío técnico… y una oportunidad estratégica
Para muchas empresas, adaptar sus plataformas digitales supone un reto. De hecho, solo 1 de cada 4 webs en España cumple actualmente los requisitos de accesibilidad, según un análisis de Fundación VASS publicado en mayo de 2025.
Sin embargo, la accesibilidad digital no solo es una obligación legal. También representa una oportunidad estratégica para ampliar mercados y mejorar la experiencia de usuario. Como señala la Comisión Europea, las medidas de accesibilidad benefician no solo a personas con discapacidad, sino también a personas mayores, personas con baja alfabetización digital o usuarios en contextos de uso complejos (por ejemplo, ambientes ruidosos o con mala conexión).
Asimismo, las webs accesibles tienden a posicionarse mejor en buscadores, ya que los principios de accesibilidad coinciden con buenas prácticas SEO.
Casos concretos: banca y transporte
Uno de los sectores con mayor impacto será el bancario. Los cajeros automáticos, por ejemplo, deberán incorporar interfaces accesibles visual, táctil y auditivamente. Esto implica cambios tanto de hardware como de software. Según AS, se estima que el 60% de los cajeros actuales en España deberán ser reemplazados o adaptados en los próximos años.
También el sector del transporte tendrá que adaptar sus máquinas de billetes, apps y páginas informativas para facilitar su uso a personas con movilidad reducida, dificultades visuales o cognitivas.
¿Qué deben hacer las organizaciones?
Para cumplir con la normativa, se recomienda seguir estos pasos:
- Auditoría de accesibilidad: detectar barreras actuales.
- Plan de acción con prioridades y cronograma.
- Formación del equipo técnico y de contenidos.
- Adaptación progresiva de las plataformas según estándares WCAG 2.1.
- Publicación de una declaración de accesibilidad visible y actualizada.
- Habilitar canales de contacto accesibles para recibir sugerencias o quejas.
Una nueva cultura digital
La obligatoriedad de la accesibilidad digital marca un antes y un después en la transformación digital europea. Más allá de los plazos y las multas, se trata de construir una sociedad más inclusiva y justa, donde la tecnología no sea una barrera, sino una herramienta al servicio de todas las personas.
Para las empresas y organizaciones que abracen este cambio, la accesibilidad no será solo una obligación, sino un valor diferencial que refleje compromiso, innovación y responsabilidad social.
