Hoy es fácil comprobar que las formas, profundidad y alcance de la penetración de las ciencias y las nuevas tecnologías en la sociedad civil y política constituyen un problema para el funcionamiento de un estado democrático.
Se supone que las conductas del Estado son reflejo de los deseos populares, ya sea porque la gente expresa su opinión a través de convocatorias directas o porque quienes han sido elegidos como sus representantes las interpretan correctamente. En verdad, sólo una reducida élite de expertos tiene los conocimientos necesarios para comprender el verdadero alcance y las consecuencias de las decisiones en las que las ciencias y las tecnologías son factores críticos.
Vale preguntarse cuáles pueden ser las consecuencias de que la casi totalidad de los ciudadanos dependa de los conocimientos de una minúscula minoría que representa sólo un segmento de la sociedad, tanto por su formación como por sus intereses.
¿Quién decide?
¿Quiénes deben decidir estas cuestiones? ¿le corresponde a los legisladores? ¿a los científicos? ¿a cuáles? No es sencillo responder.
Aún suponiendo que dispongamos de los conocimientos y que sólo se debe elegir cómo usarlos ¿están en condiciones los legisladores, jueces, autoridades educativas y líderes empresarios y sindicales de decidir cómo aplicar esos conocimientos, de los que sólo tienen nociones parciales y, a menudo, distorsionadas? Seguramente deberían consultar con expertos, pero estos, a su vez, es difícil que sepan qué factores influyen en las decisiones empresarias y políticas, ya que, en general, poco o nada conocen de los factores de poder.
Para quienes generan conocimientos tampoco sería sencillo tomar decisiones sobre qué investigaciones son prioritarias, o qué destino dar a conocimientos ya adquiridos, sin entrar en conflicto con otros actores o con principios del sistema democrático. Suele hablarse de la necesidad de un ‘nuevo contrato social’ entre la sociedad y los protagonistas de las ciencias y las tecnologías. Pero tampoco sería fácil aunar criterios.
Los Estados deben organizarse para que se puedan tomar decisiones cada día más ‘imparciales’, es decir, que no tiendan a beneficiar sólo a algunos grupos o individuos.
Si bien hay un debate teórico acerca de cómo instrumentar la toma de decisiones más imparciales, muchos pensamos que el camino pasa por procesos de discusión colectiva y que, por lo tanto, se requiere consultar a gente que está y estará fuera del poder, y también que el Estado debe facilitar este tipo de procesos.
Mucha inteligencia, muchos conocimientos y mucha información están fuera del Estado, por eso se deben facilitar los encuentros con muchas ideas, aunque sean diferentes.
Los Citizen consensus councils (CCC)
Si council se traduce como ‘concejo’ a los citizen consensus councils podemos llamarlos ‘consejos ciudadanos para el consenso’ o ‘consejos para el consenso ciudadano’ pero, más allá de combinaciones lingüísticas, queda claro que son ámbitos en los que los ciudadanos se reúnen para acordar o llegar a consensos.
Un CCC “es un microcosmos de una población mayor, donde los ciudadanos dialogan para profundizar sus acuerdos sobre temas de interés común. Habitualmente son grupos de 12 a 24 personas, elegidas al azar o para que sean demográficamente representativas de su comunidad o país. Un CCC delibera sobre temas que interesan a la población de la que fuera elegido y está profesionalmente ‘facilitado’ para alcanzar acuerdos. Sus conclusiones se hacen llegar a las autoridades correspondientes y a la población que representan, habitualmente a través de la prensa. Más tarde el CCC se disuelve, así como lo hace un jurado una vez que ha cumplido su cometido”.
Por supuesto, se pueden imaginar muchas formas de llevar adelante estas definiciones y objetivos. Veamos algunas que ya se han utilizado:
* El modelo dinamarqués en el que el gobierno convoca a 15 personas, que representan demográficamente a la población involucrada, y les pide opiniones sobre un tema tecnológico. La actividad se inicia con entrevistas con expertos -que tienen diferentes opiniones- y luego se facilita para que se acuerden recomendaciones políticas, que se presentan al gobierno y a los medios. Este método fue utilizado también en, por ejemplo, los EE.UU. y la Argentina.
* El experimento canadiense: la revista Maclean’s eligió a 12 ciudadanos canadienses -que representaban la diversidad ideológica, geográfica, racial y de género de Canadá- y les pidió que en tres días alcanzaran una visión consensuada acerca del país. La facilitación le fue encargada a un equipo de la universidad de Harvard. Tanto Maclean’s como la televisión canadiense dieron amplia difusión a los resultados.
* Los jurados ciudadanos -organizados por el Jefferson Center (Citizens Jury®)- son “un panel de ciudadanos, elegidos al azar y demográficamente representativos, se reúne durante cuatro o cinco días para estudiar cuidadosamente un tema de importancia pública. El jurado -habitualmente de 18 miembros- sirve como microcosmos del público. Los jurados reciben un honorario por el tiempo que dedican. Escuchan a varios testigos expertos y pueden deliberar con ellos sobre el tema. El último día los miembros del jurado de ciudadanos presentan sus recomendaciones al público”.
A pesar de que habitualmente no se ha dado gran difusión a estos mecanismos, se pueden citar otros ejemplos en los EE. UU., como el de un conjunto de campesinos indios, pobres, que deliberaron acerca de alternativas para su desarrollo económico… y optaron por conservar su agricultura de subsistencia; ciudadanos británicos que analizaron si el sistema de salud debía incluir servicios quiroprácticos; y el de ciudadanos de suburbios australianos que analizaron cómo superar los inconvenientes de la contaminación y erosión asociados con las lluvias que destruyen sus playas.
El alemán Peter Dienel había imaginado un método similar, al que llamó Planungzellen1 (células de planeamiento), en el que varios grupos de 25 ciudadanos se reunían para analizar un tema. Las conclusiones de todos los grupos se comparaban y compilaban en un ‘informe de los ciudadanos’ que se daba a conocer a los medios y a todos los interesados. Este método se aplicó en algunas docenas de ocasiones en Alemania y todavía se lo emplea. Crosby y Dienel nunca se conocieron y quienes organizamos los Diálogos Ciudadanos en la Argentina creíamos haber sido originales llamando ‘informe de los ciudadanos’ a las conclusiones de nuestros debates.
En 1997 quince ciudadanos de Boston -desde uno que dormía en un refugio municipal hasta el gerente de una empresa de alta tecnología, así como un agricultor jubilado y un graduado reciente de una high school de la ciudad- recibieron un curso intensivo sobre telecomunicaciones. Durante los fines de semana de febrero y marzo discutieron algunas lecturas y escucharon charlas especializadas. Después de interrogar a expertos y deliberar hasta avanzada la noche, acordaron una declaración, recomendando sensatos pero ambiciosos cambios en las políticas del área, que presentaron en una conferencia de prensa en la Universidad de Tufts.
Es importante recoger la opinión de Dick Sclove -uno de los organizadores del encuentro, que perteneció al Loka Institute– destacando que estos ciudadanos terminaron sabiendo más sobre telecomunicaciones que el promedio de los miembros del Congreso que vota esos temas. Sclove dice que su comportamiento contrasta con la afirmación de que el gobierno y los empresarios son los únicos competentes y que, como les importan los temas, deben tomar las decisiones. Este panel de legos asimiló un amplio espectro de testimonios, que integraron a sus muy diferentes experiencias de vida, para alcanzar opiniones colectivas y bien razonadas, fundamentadas en las necesidades cotidianas de la gente. Esto demuestra que democratizar la toma de decisiones en materia de ciencias y tecnologías no sólo es recomendable, sino también posible y práctico.
