Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que aunque se haya dicho que la reforma del CGPJ pretende una despolitización de la Justicia, se puede producir el efecto contrario. Además advirtió que tanto esta reforma como la de la ley del aborto o la del Código Penal, que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón "son muy restrictivas en el ámbito de los derechos y van a suponer un retroceso de 30 años".
Respecto a la reforma del órgano de gobierno de los jueces solo está de acuerdo "con un tema en concreto" y es que cinco de los veinte vocales tengan dedicación exclusiva: "Creo que es bueno que el resto de los vocales, quince, sigan trabajando en el órgano jurisdiccional correspondiente porque así tendrán un mayor contacto con la realidad social", aunque ha insistido en que "el conjunto de la reforma es gravísima" y "va a suponer un retroceso muy importante desde la perspectiva de un Estado democrático".
"El Ejecutivo pretende tener influencia sobre el Poder Judicial y eso es un retroceso de más de 30 años, lo que se enmarca en esa línea de restricción de derechos que se pretenden en otras reformas legislativas que parece que están en marcha"Considera "evidente" que lo que pretende el Ejecutivo es "tener una influencia sobre el gobierno del Poder Judicial y eso es un retroceso de más de 30 años", lo que "se enmarca en esa línea de restricción de derechos que se pretenden en otras reformas legislativas que parece que están en marcha". Según Robles, "lo que se pretende es desapoderar" al Consejo "de muchas competencias que pasarían al Poder Ejecutivo".
Sobre Carlos Dívar y Gonzalo Moliner
El anuncio de la reforma del Poder Judicial coincidió con el escándalo por los viajes del expresidente Carlos Dívar, que tras abandonar la presidencia del CGPJ ha reclamado una pensión indemnizatoria de 208.000 euros, lo que a juicio de Robles es "improcedente" porque fue él quien renunció a su cargo y esa pensión está prevista "para aquellos que culminan su mandato".
El otorgamiento de la pensión indemnizatoria -ha añadido- "no es automático" porque "hay que ver las circunstancias que concurren en cada alto cargo y, en el caso de Carlos Dívar, creo que no tiene derecho".
Sobre el nuevo presidente del Consejo, Gonzalo Moliner, la vocal ha destacado que su elección puede ser un "factor importante" para recuperar la deteriorada imagen de este órgano tras el caso Dívar, aunque "va a ser necesario un gran esfuerzo de todos para intentar superar una situación que ha sido ajena a todos los vocales".
No obstante, ha reconocido que "para que no haya ninguna sombra de duda sobre que haya habido una utilización adecuada de los fondos públicos" sería buena "una política, no solo de austeridad, sino de transparencia", y ha recordado que siempre ha sido "partidaria de que se dé publicidad a los viajes de los vocales".
"En mi opinión, sería bueno que se hicieran públicos los gastos de los vocales", ha reiterado Robles, a la que a raíz del caso Dívar se la llegó a llamar "la presidenta en la sombra", calificativo del que se defiende con una sonrisa y con el argumento de que solo es una vocal y "con un solo voto poco puedo hacer".
Respecto a la posibilidad de que los jueces se declaren en huelga en septiembre en protesta por los recortes, ha pronosticado que este va a ser "un otoño que va a preocupar a la sociedad y los jueces no pueden ser ajenos a esa preocupación de la sociedad".
"Si los jueces se están planteando reivindicaciones, no lo hacen desde una perspectiva corporativista, sino como una preocupación por la situación de la sociedad y, sobre todo, de aquellas personas que están en una situación más límite desde el punto de vista de sus necesidades económicas".
Para Robles, "el problema es la realidad social que está viviendo este país, en el que, evidentemente, está habiendo unas políticas restrictivas de enormes recortes a las personas más desfavorecidas" y ha calificado de "gravísimos" los recortes en prestaciones sanitarias.
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