La secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído, ha comunicado que el 32% de las mujeres explotadas sexualmente en España por las redes de trata son extranjeras en situación irregular. Por su parte, María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo, asegura que se necesitan “equipos multidisciplinares” para garantizar la protección de las víctimas.
En 2010 se realizaron 2.344 inspecciones policiales, se desmantelaron 335 organizaciones y fueron identificadas 1.641 víctimas, de las que un 92% eran mujeres y niñas. Un año antes cayeron 158 redes y se identificaron 1.300 víctimas.
A raíz de esto, Aído destacó que además de la lucha policial y reformas legislativas como la tipificación de la trata en el Código Penal en 2010 o el Plan Integral de Lucha contra la Trata con fines de explotación sexual, es imprescindible la sensibilización social para acabar con la trata de personas. Asimismo, ha enfatizado la necesidad de erradicar los anuncios de prostitución en la prensa por su "probada relación con las redes de trata", un asunto para el que ya cuenta con el respaldo de los grupos parlamentarios y que espera resolver "en los próximos meses", después de que el Consejo de Estado diera luz verde a la posibilidad legal de prohibir su publicación.
Aído destacó que además de la lucha policial y reformas legislativas como la tipificación de la trata en el Código Penal en 2010 o el Plan Integral de Lucha contra la Trata con fines de explotación sexual, es imprescindible la sensibilización social para acabar con la trata de personas Equipos Multidisciplinares
Entre otras cuestiones, Cava ha planteado una mejora en la información y formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a fin de que las víctimas de trata no "se escapen" sin tener protección por tratarse de inmigrantes en situación irregular. Si bien ha reconocido que la principal labor de las fuerzas policiales es luchar contra la delincuencia; en el ámbito de la extranjería "pasan mucho tiempo custodiando personas que no han cometido delito sino una falta administrativa".
Lo que se pretende, en todo caso, es la creación de "equipos multidisciplinares" que sean capaces de identificar a las potenciales víctimas de las redes de trata para poder prestarles la asistencia necesaria, así como el dictado de "cursos en la policía por parte de psicólogos y la intervención no sólo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino también de personas que tengan otro tipo de conocimientos", priorizando un punto de vista social y de derechos humanos.
“Nos preocupa que en cuanto a la finalidad del periodo de restablecimiento y reflexión no se priorice la dimensión de protección a la víctima, en coherencia con lo previsto en el Convenio del Consejo de Europa firmado y ratificado por España”, afirma Marta González, del Proyecto Esperanza.
Y especialistas coinciden en que para erradicar todas las formas de explotación sexual es necesario hacerlo desde un enfoque de derechos humanos, y reivindicar un reparto igualitario de los recursos económicos y el poder entre hombres y mujeres. La trata y la explotación sexual es también expresión de la crisis global que atraviesa el planeta y de la feminización de la pobreza. Situaciones de vulnerabilidad, pobreza y de riesgo de exclusión social dan a los explotadores la oportunidad de captación de las mujeres.
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