Los trabajadores podrán aportar su experiencia laboral para obtener una acreditación oficial y convalidarla por la parte correspondiente de un ciclo de FP o un certificado de profesionalidad. De esta forma, las competencias profesionales se podrán evaluar y acreditar a través de la experiencia laboral, lo que permitirá a los trabajadores completar módulos o estudios para conseguir un título de FP.
Los objetivos del decreto son, según la vicepresidenta De la Vega, mejorar la formación de los trabajadores y su acceso a un empleo "de más calidad", así como aumentar el número de titulados, acercando la media española a la europea, y "estimular" el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Los objetivos del decreto son mejorar la formación de los trabajadores y su acceso a un empleo "de más calidad", aumentar el número de titulados y "estimular" el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Este año se destinarán 2,8 millones de euros para evaluar y acreditar a unos 8.000 profesionales relacionados con la educación infantil y la Ley de Dependencia, 260.000 euros para elaborar materiales específicos para las 26 familias profesionales y 460.000 euros para formar a cerca de 3.000 orientadores, evaluadores y asesores.
Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó diez decretos que incluyen 28 nuevos certificados de profesionalidad que acreditan las competencias profesionales que capacitan para desarrollar un trabajo.
De la Vega estimó que hasta diez millones de trabajadores podrían presentarse para obtener estos certificados, que podrán obtenerse mediante la formación o evaluación adquiridas a través de la experiencia laboral, o por vías "no formales" de formación. A su juicio, la elección de estos certificados se ha basado en la incidencia económica y la demanda de los trabajadores de determinados sectores, entre los que se encuentran las artes gráficas, la administración y gestión, y las actividades deportivas, agrarias, electrónicas o informáticas.
Asimismo, el Gobierno ha ordenado la creación de una escuela de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para "garantizar" la seguridad del trabajo, reducir la siniestralidad laboral, actuar contra el fraude y hacer cumplir la legislación en este ámbito.
Entre los objetivos, la vicepresidenta destacó que la medida pretende perfeccionar el sistema de selección del personal y mantener la formación permanente de estos funcionarios, cuyo número se prevé que aumente hasta los 3.000 inspectores.
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