Hacia el 2002, Cristina Pavón y María del Mar Martínez, mujeres de admirable calidez humana, vendieron muchos de sus bienes e hipotecaron sus casas por una causa solidaria: crear una fábrica que diera empleo a mujeres víctimas de la violencia de género.
De esta manera nació Cailu, el Centro Andaluz de Integración Laboral Unificada, ubicado en Alcalá de Guadaira, muy cerca de Sevilla. La única empresa en Europa que emplea exclusivamente a mujeres que, como consecuencia de la violencia de género, sufren alguna incapacidad que las invalida hasta un 65%.
Allí, éstas mujeres excluidas socialmente del ámbito laboral trabajan en la estampa y la distribución de productos publicitarios. Y aunque lo hacen contra viento y marea, dentro de un sistema que cuestiona, juzga y sólo pone trabas, y con dificultades internas como un absentismo laboral constante del 34%, el último balance anual lanzó un millón de euros de ganancias.
Mirando al futuro
El objetivo principal de Cailu es ser el punto de despegue para estas mujeres. No sólo se les brinda la posibilidad de trabajar e independizarse, sino también, y con la ayuda de entidades externas, se les proporciona contención, ayuda psicológica, orientación profesional y viviendas.
Actualmente, Cailu alberga laboralmente a 16 personas discapacitadas, un 75% víctimas de la violencia de género. Y aún hay 80 mujeres en lista de espera. Lo cual no sorprende viendo las cifras oficiales. Más de 50 mujeres muertas por maltrato doméstico en lo que va de año en España. Alrededor de 13.000 víctimas heridas de gravedad en la última década, y sólo considerando los casos denunciados (1 cada 5).
Un fenómeno que crece y que todavía no es escuchado por la Justicia. Recién en estos días, el Ministerio de Igualdad presentará el primer informe oficial sobre el tema. Por ahora, sólo la comunidad de Castilla-La Mancha cuenta, desde el 2003, con una Ley de Prevención de Malos Tratos que brinda ayuda económica a las víctimas con secuelas físicas o psíquicas.
Pelear desde adentro
En la misma lucha por la igualdad femenina se encuentra Ana Hernández Lozano. Mujer optimista y combativa, con sólo 26 años es presidenta desde el 2004 de la Asociación Payas y Gitanas y trabaja arduamente desde Romi encabezando la lucha por la integración y la igualdad de la mujer gitana.
Los problemas con la percepción social de la mujer gitana y la discriminación consecuente son muchos. Se les niega la entrada a ciertos espacios privados, muchas empresas no las contratan por el solo hecho de ser gitana. Pero poco a poco el cambio llega desde adentro, y en toda la comunidad gitana se va instaurando la importancia de la educación, de la toma de decisiones propias y de la construcción de metas hacia las cuales apuntar. Un gran primer paso. Lo cual no es poco, pero queda mucho por recorrer.
