A propósito de la aprobación de la Ley de Regulación de la Medicina Prepaga, la diputada por el Frente Para la Victoria, Adela Segarra, escribió una columna de opinión donde asegura que "esta ley se enmarca en un modelo de restitución y garantía de derechos que por muchos años fueron debilitados, dañando a la población en su bienestar y calidad de vida".
Esta ley no es sólo es una norma que regula la actividad de la medicina prepaga, es mucho más que eso: es una ley que viene a garantizar el derecho a la salud de más de cuatro millones de habitantes.
La salud no es solo un deber del Estado, y menos una actividad lucrativa, sino un derecho humano básico y fundamental íntimamente relacionado con el derecho a la vida, consagrado en la Constitución Nacional, pactos y tratados internacionales.
Esta ley no es sólo es una norma que regula la actividad de la medicina prepaga, es mucho más que eso: es una ley que viene a garantizar el derecho a la salud de más de cuatro millones de habitantes.
El neoliberalismo definió y marcó la lógica de las políticas públicas: la transferencia de hospitales a las provincias sin presupuesto; el desfinanciamiento de la salud; la cifra récord en desempleo; la flexibilizadas; la caída del salario real y la desregulación. Todo esto fue un cóctel difícil de soportar para un sistema de salud basado, fundamentalmente, en el sistema público y en el de obras sociales, y generaron el espacio necesario para que aparecieran empresas financieras que iban por lo que entendían como el negocio de la salud.
Esta ley se enmarca en un modelo de restitución y garantía de derechos que por muchos años fueron debilitados, dañando a la población en su bienestar y calidad de vida.
La fiscalización del funcionamiento del Programa Médico Obligatorio; la realización de un registro de empresas; fijar el capital mínimo que deben constituir para su funcionamiento; autorizar los modelos de contrato con que se van a vincular a los usuarios. Cómo así también autorizar las cuotas, los aumentos, redistribuir afiliados en caso de quiebra o desaparición de alguna de las empresas; fijar los aranceles mínimos obligatorios para las prestaciones y aplicar sanciones si no se cumplieran, son acciones que hasta ahora no se han regulado, y que esta ley establece como prioritario para defender a los usuarios y pacientes de este subsistema.
Esta ley define por primera vez que quien controla y regula la medicina prepaga es el Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, y en lo concerniente a los derechos del consumidor y la competencia, la Secretaría de Defensa al Consumidor.
Si bien existen numerosos fallos judiciales que han aportado normativas para el accionar de parte de las prepagas, el proyecto recoge muchos de ellos y ordena la relación en este aspecto, fundamentalmente para el caso de las carencias, las admisiones y las permanencias.
Como se puede ver, esta normativa, resguarda a los pacientes en las condiciones esenciales y obligatorias para que su cuidado y atención estén garantizados.
Está en juego un derecho esencial y el Estado no puede estar ausente.
*Adela Segarra es Diputada Nacional por el Frente Para la Victoria desde 2007. Es marplatense y también integra la Mesa de Conducción del Movimiento de Mujeres Evita.
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