Mercedes Assorati, coordinadora general del Programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro, ha declarado que ¨el hecho de que se hayan rescatado 2000 víctimas (de trata) en Argentina no significa que nuestro país está a la vanguardia en la lucha contra un crimen utilizado por algunos sectores para acrecentar su renta económica, como dice el Ministerio de Justicia. Tampoco significa que se esté dando una lucha implacable contra el crimen organizado¨.
Frente a un número que supera las 2.000 personas rescatadas por las autoridades, "tan sólo 20 causas (aproximadamente) han obtenido sentencias condenatorias, con penas muy bajas y sin que, hasta la fecha, se haya condenado a funcionario público alguno".
Una lucha implacable, pero no desde el Estado
Tras una convocatoria de varias agrupaciones civiles, alrededor de un millón de personas se han reunido en la ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba, para exigir el cese de la trata. Las agrupaciones representadas emitieron una dura declaración en la que manifestaron que el dispositivo diseñado por el Ministerio de Justicia de la Nación para combatir la Trata de Personas y la asistencia a las Víctimas, al estar integrado por "personas denunciadas penalmente por colaborar con las redes de trata o por mal desempeño de sus funciones, es un obstáculo a la lucha contra el crimen organizado y, lejos de desalentarlo, facilita su accionar".
En una declaración, solicitan, además, "que se incorporen estándares mínimos de protección y asistencia integral que aseguren la reinserción social de las víctimas y garanticen la no repetición de las violaciones sufridas". En tal sentido, abogan por diseñar un mecanismo administrativo de determinación de la condición de "persona tratada", que podría ser aplicado por las Defensorías del Pueblo, para asegurar a las víctimas que no se atreven a declarar (que son la mayoría) los beneficios, la asistencia y la protección a la que tienen derecho.
A la vez, consideran imprescindible la creación de un Comité para la evaluación de riesgos que cuente con la participación de las ONGs, el cual tendría el deber de intervenir luego del rescate, con el fin de evaluar medidas de protección para las víctimas.
"Que se incorporen estándares mínimos de protección y asistencia integral que aseguren la reinserción social de las víctimas y garanticen la no repetición de las violaciones sufridas."Assorati recuerda que en 2009 se realizó una denuncia sobre 613 prostíbulos que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires y que, luego de varios allanamientos, las autoridades informaron no haber encontrado víctimas de trata, aunque sí las contabilizaron como personas "rescatadas". Y subraya a SEMlac que existen infinidad de casos de personas "rescatadas" por la Oficina de Rescate que "son retornadas a sus lugares de origen sin una evaluación de riesgo y sin asistencia posterior del Estado o una asistencia mínima". Las ONGs solicitan al Estado una asistencia mínima de 200 pesos para cada víctima rescatada (equivalentes a 48,70 dólares).
"Por ello, las organizaciones queremos tener la posibilidad de monitorear la actuación del Estado -continúa Assorati– y participar como testigos en allanamientos. Queremos que exista también una supervisión estatal (sugerimos que sea a través de las Defensorías del Pueblo) de la acción del Estado en Materia de Trata. Hemos solicitado además la integración de una Comisión de Investigación Parlamentaria sobre el tema".
La Declaración de la sociedad civil solicita que se tipifiquen como delitos la compra y venta de seres humanos, especialmente los recién nacidos, y exige que se permita el derecho de las personas a conocer su identidad. En este sentido, considera imperioso preservar el Banco de Datos Genéticos para permitir el acceso gratuito a quienes indagan sobre su identidad biológica o a los familiares que buscan a los hijos e hijas de las víctimas de trata.
La explotación sexual y el tráfico de niños en Argentina
"Existe una posible paridad entre trata sexual y laboral en Argentina y, posiblemente la trata laboral sea mayor. (…) De las 2.130 personas rescatadas (desde agosto de 2008 hasta abril de 2011) 1.166 eran sometidas a explotación laboral y 964 a explotación sexual; en tanto que 978 eran argentinas y 1.152 extranjeras", señala la coordinadora.
Respecto al tráfico de niños, representantes de la Fundación Adoptar señalan que el 75% de las entregas de recién nacidos las ejecutan bandas que operan en provincias con alta vulnerabilidad social, ubicadas en el nordeste del país, como Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Misiones (nordeste) y en la sección norte de Santa Fe; en el sureste de Santiago del Estero (provincia del noroeste), y las demarcaciones colindantes con la Cordillera de los Andes.
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