Las organizaciones de mujeres rurales reivindican su derecho a una titularidad compartida de las tierras que explotan en las mismas condiciones que sus cónyuges o parejas de hecho. “Necesitamos una ley” asegura la máxima responsable de CERES, Belén Verdugo. Lola Merino de AMFAR y Carmen Quintanilla de AFAMMER, la apoyan.
Distintas organizaciones se han reunido para reivindicar la necesidad de una ley que les permita la creación de una sociedad agrícola compartida y garantice el derecho a la seguridad social.
A pesar de que ya existe un decreto que regula el que las mujeres que trabajan en el campo, y quieran ser titulares junto con sus parejas de una explotación, tengan los mismos derechos, parece ser que esto no es suficiente.
Las propuestas giran en torno a medidas que garanticen el derecho a la seguridad social y la posible creación de una sociedad agrícola compartida, ya que existen cerca de 400.000 mujeres sin derechos profesionales en las explotaciones agrarias españolas.
El Gobierno aseguró que esta propuesta de ley, vería la luz en marzo de este año, por lo que se celebró una reunión entre el Grupo Interministerial de Titularidad Compartida en Explotaciones Agrarias (GITIC) y las organizaciones de mujeres rurales, que habían estudiado el futuro proyecto de ley que regulará la figura de la titularidad compartida.
En la reunión participaron representantes de los cinco ministerios que integran el GITIC (Justicia, Economía y Hacienda, Trabajo e Inmigración, y Sanidad, Política Social e Igualdad, además del MARM) y organizaciones de mujeres rurales como la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), la Federación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural (AMFAR), la Asociación de Mujeres del Mundo Rural (CERES), la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) y la Federación Nacional de la Mujer Rural (FEMUR).
En enero, estaba prevista una nueva reunión que no se ha llevado a cabo, aunque las organizaciones de mujeres han hecho llegar sus propuestas el Gobierno. Estas giran sobre todo en torno a medidas que garanticen el derecho a la seguridad social así como la posible creación de una sociedad agrícola compartida ya que existen en la actualidad cerca de 400.000 mujeres sin derechos profesionales en las explotaciones agrarias españolas, por lo que es "imprescindible bonificar la afiliación a la Seguridad Social y reconocer sus derechos" explica Belén Verdugo.
Por su parte, la presidenta de AMFAR, Lola Merino, plantea que la nueva regulación debe eliminar las "limitaciones existentes" para acceder a las bonificaciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social y el abaratamiento del coste de la cotización para las futuras cotitulares.
También la presidenta AFAMMER, Carmen Quintanilla, resalta que es necesario que la Ley avance hacia una modificación legislativa y tributaria que signifique "un reconocimiento real de los derechos de las mujeres rurales".
La mujer del ámbito rural tiene que salir de la invisibilidad y de la economía informal e incorporarse al mercado de trabajo formal a través del apoyo para la puesta en marcha de empresas de economía social como las cooperativas, con incentivos para el sector de la artesanía y para las mujeres que trabajan en el sector agrario.
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