Mujeres contra la corrupción

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¿Por qué muchas veces son las mujeres quienes levantan la bandera anticorrupción? Estas y otras preguntas tuvieron sus respuestas en el Foro InterAmericano de Mujeres Contra la Corrupción.

El evento fue organizado por la ONG Mujeres en Igualdad (MEI) y tiene como antecedente el Foro Nacional de Mujeres contra la Corrupción, efectuado en septiembre de 2000, y el Foro Internacional de Mujeres contra la Corrupción, llevado a cabo dos años después.

Representantes de México, Panamá, Argentina y Suecia, entre otras naciones, se dieron cita para analizar, exponer y debatir la incidencia de la corrupción en diversos temas de la realidad; desde una perspectiva de género.

Transparencia, justicia y rendición de cuentas fueron las palabras que prevalecieron en el evento. Se sabe que la corrupción afecta a todas y todos, pero muchas veces impacta más sobre los más débiles y, por eso, las mujeres desempeñan una actitud activa en la lucha por la transparencia.

En este sentido, Maria José Lubertino, titular del Instituto Nacional Contra La Discriminación la Xenofobia y El Racismo (INADI) de la Argentina, expresó a SEMlac que «es importante ver la acción de las mujeres a favor de la transparencia, porque han estado tradicionalmente excluidas de los espacios de poder y de decisión». «A veces, las mujeres actuamos desde un sentido más práctico para aplicar los cambios necesarios», opinó.

«Lo esencial -continuó Lubertino- es entender la transparencia no sólo como el derecho a la información y dar publicidad de los actos, sino como una planificación de las políticas públicas a través de la participación, que tiene por objeto integrar en las decisiones a todas y todos».

Monique Thiteux- Altschul, directora ejecutiva de MEI, resumió, en la clausura del evento, que «en democracia somos todas y todos participantes activas. Las funcionarias y funcionarios, además de cumplir con sus deberes específicos, deben hacerlo con transparencia».

«Las ciudadanas -remarcó- tenemos derecho a ser informadas y a desarrollar acciones de participación democrática. Por ejemplo, pedir políticas públicas efectivas, controlar los presupuestos públicos y solicitar rendición de cuentas».

El monitoreo de la sociedad civil

La participación ciudadana en el monitoreo y control presupuestario del Estado para prevenir la corrupción fue uno de los ejes en el que se basaron varias expositoras.

La diputada por el Partido de la Revolución Democrática de México, Claudia Lilia Cruz Santiago, expresó en su ponencia que para lograr la transparencia de los actos públicos «no sólo se requieren mecanismos estatales de control y fiscalización del gasto social, sino que debe contemplarse en ellos la participación de la sociedad civil organizada para garantizar el cumplimiento de los objetivos sociales de los recursos públicos».

La mexicana enfatizó que en este proceso es importante el papel de las mujeres «para evitar el creciente y reconocido fenómeno de la feminización de la pobreza«.

En tanto, la abogada panameña Jessica Davalo, integrante del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, contó a SEMlac que la sociedad civil de su país ha sido fundamental en el proceso de transparencia.

«La sociedad civil pasó de una cultura pasiva a un rol activo. Las mujeres tienen un papel importante en las tareas de auditoría social. Por ejemplo, en la comarca indígena Ngobé-Buglé, la más pobre de Panamá, crearon un Consejo Anticorrupción. En ese lugar se capacitaron a 35 mujeres jóvenes que acuden a las construcciones de carreteras, puentes y escuelas para corroborar si en realidad el dinero ha sido correctamente invertido», sostuvo.

Davalo relató a SEMlac que en Panamá son las mujeres quienes más se vinculan en el tema de la transparencia, porque los movimientos de la sociedad civil están liderados por mujeres. «Somos nosotras las que reaccionamos más rápido ante un hecho de corrupción porque afecta a nuestras familias, a nuestros hijos y a nosotras mismas».

Derechos sexuales enfermos de corrupción

Los derechos sexuales y reproductivos fue uno de los temas abordados en este Foro. Marta Boimel, sexóloga educativa, y Clori Yelicic, legisladora porteña por el Socialismo, fueron dos de las expositoras que abordaron este asunto.

Ambas, en sus respectivas ponencias, coincidieron en que si bien Argentina posee una Ley sobre estos derechos, la normativa no se cumple, ya que la corrupción está en diversos estadíos de los que depende su implementación.

«En muchos hospitales del país, no se cumplen con muchas de las exigencias de la Ley 25.673/03 de Salud Sexual y Procreación Responsable, debido a que no se instrumentan los departamentos de Salud Reproductiva. No se aplican métodos anticonceptivos como el DIU, tal como lo indica la Ley, porque el médico/a prefiere colocarlo en su consultorio particular y así cobrarlo», sentenció Boimel.

Por su parte, Yelicic, planteó: «Cuando distintos insumos no llegan en tiempo y forma a todas y cada una de las personas, ¿cuántos ganan y hacen negocios con las ineficientes políticas o acciones públicas? ¿Cuántos hacen el juego, voluntaria o involuntariamente, al comercio de la salud?».

Con estas preguntas, la legisladora aludió a que no existe una aplicación sistemática, monitoreada y evaluada de las políticas y acciones establecidas en las normas.

Es que la corrupta realidad hace que la ley se convierta en letra muerta: anticonceptivos insuficientes o que no llegan a los centros de salud, aborto no punible al que se accede por vía judicial, y la comercialización de los DIU que deberían ser gratuitos.

«El acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos requiere un abordaje integral en todos los planos, incluido la ética y la batalla contra la corrupción en todos los ámbitos y niveles», concluyó la legisladora.

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