Todo delincuente tiene una madre, pero madres son también las de las víctimas. Si dura tiene que ser la situación en cualquier caso, aún más si los delincuentes y agredidos son menores. El hecho de que cada vez sean más habituales agresiones sexuales, robos y delitos violentos cometidos por adolescentes nos lleva a tomar soluciones rápidas antes de tener que volver a lamentarnos: La Ley del Menor pide una reforma a gritos.
Un capullo que es capaz de violar, atropellar y quemar viva a una deficiente, o un asesino que se burla reiteradamente de la policía sobre el paradero del cuerpo de la víctima, no son precisamente angelitos inocentes incapaces de discernir entre el bien y el mal. Me da igual la edad biológica ante tal despliegue de perversidad. ¿Alguien encuentra coherente que un menor que comete violación con diecisiete años, once meses y treinta días pase unos pocos años en un centro de reinserción y si comete el mismo delito veinticuatro horas más tarde le puedan caer hasta quince de cárcel? Y por debajo de los catorce impunidad…
Falla la legislación actual pero esto solo es la punta del iceberg. De nada servirá un cambio de la Ley o un endurecimiento de las penas si no van acompañados de una profunda revisión…
Si alguien incumple la ley debe pagar por ello, el calendario no debe ser escudo ni justificación. Nos encontramos ante una Ley que fomenta el delito y potencia el desarrollo de futuros criminales. Atrocidades cometidas por menores en los que las víctimas quedan desprotegidas y los culpables libres en poco tiempo sin tan siquiera pasar por la cárcel.
Como añadido, los auténticos profesionales de la delincuencia se aprovechan de que los menores son irresponsables legales para que carguen con las consecuencias penales de las acciones más graves.
Ahora resulta que una menor de dieciséis años tiene plena capacidad mental, social y jurídica para abortar libremente sin consentimiento paterno pero un chico de su misma edad que viole y asesine con saña, violencia y depravación no merece el castigo de un adulto. ¿Quién y cómo mide el rasero para cada caso? ¿Quién y cómo delimita la madurez para según qué situaciones? Falla la legislación actual pero esto solo es la punta del iceberg. De nada servirá un cambio de la Ley o un endurecimiento de las penas si no van acompañados de una profunda revisión del sistema educativo, de un reencuentro social con los valores de disciplina, esfuerzo o superación personal, y de un entorno familiar estable que provoquen el pleno desarrollo moral, ético e intelectual de las nuevas generaciones.
La reforma legal debería ser el colofón de un proceso que incluya el compromiso de padres – traer hijos al mundo no es un capricho ni una obligación, es una responsabilidad – educadores – dotándoles de la autoridad que merecen – poderes públicos – poco ejemplo pueden dar actualmente los que hacen del insulto, crispación y corruptelas a la carta su modus operandi diario – y hasta de los medios de comunicación – esos que en nombre de la audiencia ofrecen telebasura, griteríos, advenedizos y asalta camas como vía de enriquecimiento exprés –
Habrá merecido la pena si reconducimos una vida y evitamos el dolor de dos madres, la de víctima y verdugo.
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