Se ha publicado que un 90% de las custodias se conceden a las madres y, a raíz de ello, un grupo de "expertos" de universidades españolas analizaron un millar de sentencias de distintos juzgados y determinaron que las sentencias se emitían sin un razonamiento en beneficio del menor, por lo que propusieron ayudar a jueces y fiscales con informes periciales para emitir sentencias motivadas.
El grupo de padres separados por la custodia compartida se unieron a esta demanda de los expertos. Las autonomías firmaron entonces convenios entre los juzgados y estos departamentos de las universidades con el fin de responder a peticiones de padres que comenzaron a pedir cambios de custodias, basados en dichos informes, justificados a su vez en la existencia del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP). Sin embargo, al recibir tantas críticas el propio síndrome, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recomendó a los juzgados no tenerlo en cuenta. Pero aún hoy se siguen aceptando demandas con esta argumentación.
Las sentencias pasaron a llamarle "manipulación" al síndrome, con lo que se perdía el nombre, pero no la causa del litigio. Y los juzgados siguen contemplando la premisa de que la madre pone a los hijos en contra del padre.
Los juzgados están necesitados de informes creíbles sobre el daño que sufren las mujeres en las relaciones de pareja. Sin embargo, aunque haya denuncias previas de violencia, la demanda de modificación de medidas se acepta igual. Violencia de género y maltrato institucional
Las y los forenses reciben entrenamiento para razonar sobre posibles daños que se deriven de los adultos sobre las y los hijos, pero no cuestionan la realidad que se esconde en la petición del informe. No va con ellos la violencia de género. No toca en ese turno al menos, que es el del padre. Tendrán las madres demandadas que esperar una nueva vuelta a los juzgados, si les queda dinero y fuerza para ello.
Los juzgados están necesitados de informes creíbles sobre el daño que sufren las mujeres en las relaciones de pareja. Sin embargo se aceptan en las demandas de cambio de custodia peticiones periciales sobre los menores sin mirar en ese pozo sin fondo que es la violencia de género. Aunque haya denuncias previas de violencia, la demanda de modificación de medidas se acepta igual.
Los informes periciales forenses sobre los menores son un arma para los maltratadores contra sus ex mujeres, porque el peor maltrato que se le puede dar a una mujer es descalificarla como madre. El sistema patriarcal que la educa para ser madre es el mismo que la despoja de su principal función, por lo que ya de por sí supone maltrato institucional. Y no es de extrañar las consecuencias psicológicas que se derivan para la madre de una resolución judicial de este tipo. Es más fácil que consiga la custodia un psicópata rehabilitado por un informe pericial forense de este tipo, que la madre, casi siempre vapuleada por el maltrato psicológico.
¿Mejora la vida de los menores modificando el régimen de visitas a favor del padre?
Decíamos que la custodia la ostentan las madres en el 90% de los casos. El resto es compartida o la pueden tener en exclusiva los padres cuando a las madres se la han arrebatado en el juzgado o han fallecido.
En éste último caso se encuentran los acusados, condenados o sospechosos de asesinato de sus parejas o ex parejas. Pensemos en el número de padres con las anteriores características judiciales que ostentan la custodia de sus hijas/os en exclusiva en ausencia de las madres.
Son tantos como la multiplicación de una media de 60 casos de madres muertas anualmente, multiplicados por 5 o 10 últimos años, y por una media de 2 hijos menores de edad. Constituyen una gran cantidad de menores que pasan a ser custodiados por sus progenitores masculinos como consecuencia de la muerte de sus madres. Ese sí que debería ser una preocupación de primer orden en los juzgados.
El machismo se rearma en las escuelas, en la universidad y en los medios de comunicación, pero sobre todo se rearma en los tribunales de justicia.
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