España es el país de la Unión Europea con menos magistradas en la cúpula judicial. Según los datos de 2018, solo el 15% de los magistrados del Tribunal Supremo son mujeres, tal y como consta en el informe de la Comisión Europea The 2019 EU Justicie Scoreboard. Una realidad que se pone de manifiesto en la foto de familia del acto de apertura del Año Judicial que se celebró en la sede del alto tribunal en Madrid.
A día de hoy, ninguna mujer preside ninguna de las cinco salas que conforman el Tribunal Supremo.
La imagen del posado protocolario de recepción del jefe del Estado, Felipe VI, con la Sala de Gobierno del Supremo evidencia la mínima presencia de magistradas en el tribunal. Solo una mujer en la historia de la democracia, Milagros Calvo (primera jueza en llegar al alto tribunal y primera que se ha jubilado en él), ha formado parte de este organismo encargado de velar por el correcto funcionamiento del tribunal y sus jurisdicciones.
Las mujeres no llegan a los puestos más altos, pero son mayoría en el sistema judicial. Además, las nuevas aspirantes a jueza son más que los varones. La conclusión es evidente: algo lastra su ascenso. Una realidad que contrasta con un momento en el que en el sector legal hay más mujeres que nunca al frente de instituciones muy relevantes: en el Ministerio de Justicia está Dolores Delgado, Victoria Ortega preside el Consejo General de la Abogacía (CGAE), María José Segarra dirige la Fiscalía General, Maria Eugènia Gay es decana del Colegio de Barcelona y María Emilia Adán lo es de los registradores.
A día de hoy, ninguna magistrada preside alguna de las cinco salas que conforman el Tribunal Supremo. Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señalan que, durante el actual mandato de su presidente, Carlos Lesmes, se han renovado todas las presidencias de sala y “en ninguna de ellas se presentó una candidata mujer”. No obstante, de 83 magistrados que componen el alto tribunal, solo 15 son juezas. Por jurisdicción, la Sala de lo Contencioso-Administrativo es la que más disparidad presenta, con solo un 11% de mujeres. La de lo Social es la única en la que hay igualdad.
Estos datos contrastan con la radiografía del conjunto de la judicatura, en donde un 54% son mujeres, según el último informe de Estructura demográfica de la carrera judicial. En la distribución por sexos y tramos de edad, ellas son más entre los jueces menores de 50 años, mientras que de ahí en adelante son más los varones que ejercen. En concreto, la media de edad en el alto tribunal es de 64 años, y en ese rango (entre 61 y 70) las mujeres solo representan el 27% de la carrera judicial.
Nombramientos
Lourdes Arastey, magistrada de la Sala IV del Supremo, considera que las dificultades para ascender comienzan con los nombramientos discrecionales, que se dan al optar a las presidencias de tribunales y salas. Según explica, las juezas permanecen en instancias inferiores porque en ellas sus movimientos están reglados y, al solicitar cambios, el sexo no tiene ninguna incidencia.
Así, añade que la falta de postulación femenina es una “excusa triste” que debería solucionarse con políticas proactivas de concienciación. “Sobre todo, porque no es que no haya mujeres juezas, es que encima hay más”. A su vez, denuncia que “solo se hable de mérito y capacidad cuando se habla de las mujeres”.
La maternidad es otro de los motivos que desincentivan la presencia de magistradas en altos cargos
En los Tribunales Superiores de Justicia la imagen no es muy distinta. Solo una mujer preside uno de ellos: Pilar de la Oliva, en la Comunidad Valenciana. Además, del conjunto de los profesionales que ejercen en estos órganos, las mujeres son el 37%, lo que lleva a nuestro país, según la Comisión Europea, al tercer puesto de la UE que menos juezas tiene en tribunales de segunda instancia.
Por su parte, en la Audiencia Nacional, aunque solo una mujer lidera una sala (Concepción Espejel, en lo Penal), la presencia femenina en el resto del tribunal asciende al 43%. Lo mismo ocurre con las audiencias provinciales: solo un 16% las lideran mujeres, cuando su presencia total es del 40%.
Según Arastey, la maternidad es otro de los motivos que desincentivan la presencia de magistradas en altos cargos, porque hace que se aparten del mapa y no estén en una situación favorable para optar a ellos. “En un cargo discrecional se nombra a quien conoces y, si no las conoce nadie, se bajan de su desarrollo”. Y añade: “No es un tema de ideología, sino de derechos y estructura del Estado. Sacar estos temas no está bien visto en la judicatura, ni siquiera a veces entre las propias mujeres”.
Una de las medidas implementadas por el CGPJ es la elaboración de informes de impacto de género en cada nombramiento discrecional. Concepción Sáez, vocal y miembro de la Comisión de Igualdad, asegura, además, que están realizando un estudio sociológico para aclarar “por qué se ha producido un desfase en las formas de nombramiento y acceso a altos cargos”.
No obstante, identifica un freno claro al número de magistradas: las mujeres continúan siendo las que asumen casi en exclusiva las tareas familiares. “Más del 95% de las excedencias, reducciones de jornada y licencias sin sueldo para el cuidado de los hijos de los últimos cinco años han sido solicitadas y concedidas a mujeres”, concluye.
