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El infierno laboral de las empleadas de hogar

El infierno laboral de las empleadas de hogar

Agresiones verbales, horarios imposibles y condiciones inhumanas para una profesión necesaria pero desamparada por la ley.

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Con despidos improcedentes, sin dar de alta, sin horarios, trabajando fines de semana. Son solo algunas de las pobres condiciones que miles de empleados y empleadas de hogar y cuidado de personas dependientes (90% mujeres según la Organización Internacional del Trabajo) deben sufrir para poder conseguir su sueldo.

“Reivindicamos y actuamos por la igualdad plena de los derechos sociales, laborales, políticos, civiles y económicos de los y las trabajadoras del hogar y de los cuidados”, Rafaela Pomiental.

Ahora han decidido dar un paso al frente por la lucha de sus derechos y a golpe de mandil y plumero han ocupado los espacios de Malasaña para reclamar un empleo digno. Su reivindicación ha sido simple pero profunda, “un acto y no una protesta”. Simplemente han decidido colocar sus herramientas de trabajado a las estatuas que salpican Malasaña. Han explicado que “las estatuas son bienes públicos y están protegidos por la ley. Nosotras no”.

 Condiciones míseras para un empleo necesario

Rafaela Pimientel es una de estas empleadas de hogar. Decidió dar un paso al frente y subir una petición a la plataforma change.org donde explicaba su situación y la de sus compañeras. “Reivindicamos y actuamos por la igualdad plena de los derechos sociales, laborales, políticos, civiles y económicos de los y las trabajadoras del hogar y de los cuidados”. La petición ha conseguido más de 100.000, que han presentado esta mañana en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

“Hemos sufrido agresiones verbales, físicas, despidos improcedentes, abandonos. Te pueden echar cuando quieran. Algunas han vuelto a sus países por depresiones, sin poder dormir por las noches”. Rafaela se presenta como la voz de miles y miles de empleadas de hogar, muchas de ellas extranjeras, que buscaban un porvenir mejor.

La portavoz viene cargada de relatos que dan una fiel visión de la difícil situación de estas trabajadoras, en muchos casos dependientes de un sueldo a cuentagotas que no cubre todas sus necesidades. “Tenemos 700.000 trabajadoras afiliadas en la Seguridad Social, pero somos muchas más. Hay mucha economía sumergida”. Rafaela denuncia las condiciones pésimas y la poca regulación que existe para un servicio tan necesario. “Todos tienen derecho a ser cuidados cuando somos mayores, y sin embargo el Estado no nos cuida para garantizar este servicio”.

La petición ha conseguido más de 100.000, que han presentado esta mañana en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

“Conocemos casos horribles. Una mujer de 58 se cayó y se partió una pierna. No tenía contrato. Con el tiempo, decidieron reducirle la jornada poco a poco, hasta que al final sólo la llamaron para los lunes. Se quedó con un sueldo de un solo día, sin pensión porque no cotizaba, soltera, con un hijo a cargo y con una hipoteca. Y ya nadie te contrata con 58. Ni con 50, ni con 40”.

La ley del 2012 no es suficiente

A pesar de la reforma en la ley del 2012, donde se las incluía por primera vez en la Seguridad Social, las mejoras de las condiciones laborales aún permanecen invisibles para ellas. “No todo el mundo cumple. No tenemos derecho al paro, hay situaciones de malos tratos, pagos en mano. No se nos considera dentro del régimen general de trabajadores, y eso nos daña”. “Una compañera de El Salvador cotizó como dijo la ley del 2012, pero la pensión que tiene es tan pequeña que se ve obligada a trabajar si le sale algo, aun estando retirada”, ha declarado.

Su petición es sencilla, pero debe pasar por el Congreso. Quieren que España ratifique el Convenio 189 y la Recomendación 201 creados por la OIT. Con ello, los empleados y las empleadas de hogar serían considerados trabajadores dentro del régimen general y tendrían los mismos derechos, lo que supondría un gran respiro para trabajadoras como Rafaela. La OIT explica su intención de dar un paso por la igualdad de derechos y en la protección de la mujer en situación de precariedad, pues la mayoría de los trabajadores domésticos son mujeres.

Desde que su creación en 2011, un total de 24 países han firmado para incluir su contenido en la ley. España no es uno de ellos.

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